Lejos de encontrar una plataforma para mejorar su calidad de vida, Lupita fue convertida en un «fenómeno» para consumo masivo.
Por Miguel Ángel Millán*
*Miguel Ángel Millán es interventor educativo con discapacidad y asesor en tecnología adaptada.
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La historia de Guadalupe Guzmán, conocida en redes como «Lupita TikTok», va más allá del morbo y la viralidad. Lupita, una joven de Monterrey de 21 años, de talla baja y un padecimiento mental no especificado, creció en pobreza extrema, sin apoyos del Estado y bajo constantes burlas sociales. Lo que comenzó como una aparición simpática bailando en redes sociales se convirtió rápidamente en una muestra brutal de explotación, discriminación y abandono institucional.
Lejos de encontrar una plataforma para mejorar su calidad de vida, Lupita fue convertida en un «fenómeno» para consumo masivo. Su pareja, un hombre 25 años mayor con antecedentes de relaciones con menores, y su mánager aprovecharon, su vulnerabilidad para lucrar con su imagen. Mientras ellos obtenían beneficios económicos, Lupita quedó relegada a una vida de precariedad y su hija, recientemente nacida, fue hospitalizada por desnutrición severa y signos de abandono.
Este caso expone una problemática social profunda: las personas con discapacidad son vulnerables a múltiples formas de abuso y explotación, especialmente cuando no cuentan con redes de apoyo ni acceso a información o servicios de protección. Se suma a ello el papel de las plataformas digitales y de la sociedad, que consumen este tipo de contenido sin cuestionar sus implicaciones éticas.
Desde la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad, situaciones como la de Lupita deberían abordarse garantizando el reconocimiento de su capacidad jurídica, proveyendo apoyos adecuados para su toma de decisiones, y protegiéndolas contra cualquier forma de violencia y explotación, como establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El acceso a la salud y a programas de apoyo psicosocial es crucial. Lupita, como madre, debió contar con atención médica accesible, acompañamiento psicológico y orientación sobre su maternidad, no ser abandonada a su suerte, además, los medios de comunicación y las redes sociales tienen la responsabilidad de no promover ni lucrar con contenidos que fomenten la discriminación o la cosificación de las personas vulnerables.
¿Qué necesitamos para evitar que casos como este se repitan? Primero, que las instituciones, como el DIF y las fiscalías, actúen de manera inmediata ante señales de explotación o abuso, sin esperar a que un caso se viralice. Se requieren protocolos claros para proteger a personas con discapacidad que estén en situaciones de riesgo y la regulación efectiva de contenidos digitales que lucran con su imagen. También es indispensable educar a la sociedad sobre los derechos de las personas con discapacidad, rompiendo estereotipos y generando empatía real.
Finalmente, es fundamental fortalecer las redes de apoyo comunitario, crear programas de inclusión laboral, y promover la autonomía económica de las personas con discapacidad para que no dependan de quienes buscan explotarlas.
El caso de Lupita TikTok es una herida abierta que nos recuerda que la dignidad humana no debe ser espectáculo ni negocio. Si no cambiamos nuestra forma de mirar, actuar y exigir, seguiremos siendo cómplices silenciosos de tragedias que pudieron y debieron haberse evitado.
