Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 14 de mayo (PlanB).- En septiembre del 2022 la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, evadió una orden de aprehensión librada en su contra por su actuación en la desaparición de los 43 normalistas en septiembre del 2014.
Se trató de una decisión judicial que impidió a la Fiscalía General de la República (FGR), la aprehensión de Lambertina Galeana Marín, así como del exfiscal del Estado, Iñaki Blanco Cabrera, y de quien fue comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, coronel Rafael Hernández Nieto.
En agosto del 2022 la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) que encabezaba, Omar Gómez Trejo pidió 83 órdenes de aprehensión, de los cuales 16 eran militares, exfuncionarios estatales por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En septiembre del 2022 Enrique Beltrán Santes, titular del Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, canceló las órdenes de aprehensión giradas en contra de 21 servidores públicos, 16 de ellos miembros del Ejército Mexicano.
Entre esos servidores exonerados por la FGR estaban quien fue comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, el coronel Rafael Hernández Nieto, así como el ex Fiscal de la entidad, Iñaki Blanco Cabrera, y la expresidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín.
Las 21 órdenes de aprehensión canceladas formaban parte de las 83 otorgadas el 19 de agosto del 2022 a solicitud de la UEILCA por el juez segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
En esa relación se incluía a 20 mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 del Ejército; contra cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, así como 11 policías estatales de Guerrero y presuntos integrantes del Guerreros Unidos.
La decisión del juez federal en septiembre del 2022 derivaron en la cancelación de tres órdenes de aprehensión por delitos contra administración de justicia, por la falta de resguardo de videos de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala, corresponden a quien fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín; Javier Uribe Iturbide, quien era el encargado del área de informática de las instalaciones del Palacio de Justicia en Iguala y Luis Europa Solís Jiménez, quien era técnico de cómputo del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; los tres mantienen vigentes órdenes de aprehensión por desaparición forzada.
Esas decisiones judiciales formaron parte de una ruptura del titular de la (UEILCA), Omar Gómez Trejo y de quien fuera presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas Rodríguez quienes insistían en profundizar las acciones en contra de militares y la negativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador de seguir en esa línea.
Omar Gómez Trejo y Alejandro Encinas Rodríguez terminaron por renunciar a sus cargos y romper con el presidente, Andrés Manuel López Obrador quien terminó su sexenio acusando al Comité de madres y padres de los 43 muchachos desaparecidos de prestarse a una campaña de desprestigio contra las fuerzas armadas.
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