*“Tiene el poder político y económico de pagar más” y ni siquiera la han investigado, señala
Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 28 de agosto (PlanB).- A ocho años del atentado en su contra, la periodista y defensora amuzga (na savi) de derechos humanos de Xochistlahuaca, Marcela de Jesús Natalia, denunció que la autora intelectual, que pagó 50 mil pesos por asesinarla, sigue libre y en la impunidad, “tiene el poder político y económico de pagar más y en cualquier momento me pueden matar y a ella ni siquiera la han investigado”.
Este jueves en la Ciudad de México, la organización Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) presentó su informe Las formas del asedio: Violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y reportaron que en ese periodo se presentaron 468 casos de violencia institucional contra mujeres periodistas.
En la presentación, uno de los testimonios de esa violencia lo dio Marcela de Jesús Natalia, originaria y vecina de Xochistlahuaca, en donde estuvo el pasado domingo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un encuentro con artesanas.
Este jueves en la presentación del informe, Marcela dio un testimonio crudo de lo que sucedió hace poco más de 8 años: “justamente el 3 de junio del 2017, el día que cumplía 54 años, ese día pagaron 50 mil pesos para matarme; algunas colegas me han preguntado qué fue lo primero que nos trajimos cuando nos exiliaron, cuando nos sacaron de nuestro entorno, a mí me sacaron desnuda porque mi agresor me dejó tendida en un charco de sangre al salir de Radio Guerrero en Ometepec”.
En el testimonio, la periodista detalló que el perpetrador del atentado, “hizo supuestamente excelente su trabajo, porque la primera bala iba en mi frente y la segunda me despedazó la mandíbula, tengo una esquirla pegada en la carótida, pero el tiro de gracia, según él, fue bien dado y me dejó muerta”.
De Jesús Natalia indicó que después del atentado “no supe de mí, cuánto tiempo estuve inconsciente, más bien ni sabía que existía el mecanismo (de protección federal para periodistas y defensores de derechos humanos); mi familia estuvo en los albergues en Acapulco y la Ciudad de México buscando la forma de salvaguardar mi vida y de protegerse ellos; cuando me entero que el mecanismo federal de protección me dio medidas, siento que fue por la presión de todas ustedes colegas en nuestro país y de otros países, gracias a eso fue que me dieron las medidas cautelares, a medias”.
Denunció que ese apoyo nada tiene que ver con lo que establece la Ley General de Víctimas, “que se tiene que adecuar al entorno de donde nos sacaron, porque no toman en cuenta nuestras particularidades, nuestra edad, nuestra condición de indígena, nuestra sociedad no nos ve bien, nos revictimiza, nos culpa, en mi caso perdí todo”.
Señaló que después de su atentado, “cuando me pude valer por mí misma lo que quería era un comal y se burlaron de mí, extraoficialmente supe que alguien dijo ‘tráiganle su fogón a la india’, ‘tráiganle todos sus trastes de barro’; no hay condiciones adecuadas, es revictimización, nos hacen sentir que es un favor el que nos están haciendo, que les debemos mucho, que cuidan el recurso hasta el último centavo, nos dan de lo más barato, nada qué ver que nos sintamos a gusto”.
Aceptó que en ese mecanismo “hay colegas que han tomado la decisión de regresarse a su casa. Hay veces que me dan ganas de tirar todo y regresar a mi casa, ha habido momentos en que he dicho ‘a que me maten en cualquier calle en donde estoy desplazada, mejor que me maten en mi casa’”.
Aseveró que el riesgo de ser asesinada es latente y denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) “soltó el caso porque sentenciaron al autor material y dos cómplices, pero falta el presunto autor intelectual, que pagó 50 mil pesos para que me mataran y tiene el poder político y económico de pagar más y en cualquier momento me pueden matar y a ella ni siquiera la han investigado”.
Indicó que el mecanismo federal de protección, en marzo, le dio ocho meses para que se regresara a su casa, “una casa que no existe porque se deterioró, hay inseguridad, un riesgo latente de que mi presunta autora intelectual vive en la región y cada día es más poderosa, no se puede vivir todos los días pensando que puede ser el último día de tu vida”.
Aseveró que el mecanismo da mejores condiciones de vida a otras personas que ni siquiera son periodistas, “viven mejor y uno como es mujer, como es indígena, nos tratan como gente de tercera”.
La directora de Cimac, Lucía Lagunas Huerta, indicó que desde hace 18 años iniciaron un registro y documentación de agresiones a mujeres periodistas en México “venimos de un sexenio que prometió en sus inicios de gobierno mayor democracia, mayor libertad, más igualdad, pero que construyó la tribuna presidencial en un estrado para juzgar al periodismo según su cercanía o crítica e independencia del poder presidencial”.
En el informe detallaron que en el sexenio de López Obrador se registraron mil 189 casos de agresiones, un aumento de 117 por ciento respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto.
La lista la encabeza la Ciudad de México con 292 casos registrados; le sigue Puebla con 103 registros; Coahuila con 103 casos; Michoacán con 72; le siguen Veracruz con 52, Estado de México 51, Quintana Roo 49, Guerrero con 48 casos y Oaxaca con 45.
