Bernardo Torres Morales
Chilpancingo, Gro., 29 de agosto (PlanB).- Colectivos de familiares de personas desaparecidas se movilizaron este viernes en Chilpancingo, previo a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
La protesta estuvo marcada por señalamientos al Congreso del Estado, que no ha hecho avanzar en la aprobación de leyes para dar personalidad jurídica a los desaparecidos, etiquetar recursos para búsquedas e investigaciones.
Unas 200 personas marcharon encabezadas por el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Colectivo Luciérnagas, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y madres de los 43 normalistas desaparecidos.
Se reunieron en el Monumento a Las Banderas y llegaron al Congreso del Estado, donde desarrollaron un mitin para reprochar el nulo avance en legislar sobre este tema.
Plantearon nuevamente al Poder Legislativo la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, la creación del Centro de Identificación Humana con personal capacitado y equipo.
También se pronunciaron por la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala.
En su intervención, la señora María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, señaló que las investigaciones están estancadas desde el sexenio pasado, cuando se exigió información al Ejército.
Para los padres, este fue el indicio de que no habría avances en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en tanto se siguiera protegiendo al Ejército, mientras que con Claudia Sheinbaum, en cuatro reuniones, no ha habido avances sustantivos, más que intenciones.
Exigieron también que haya verdadera independencia de las comisiones de búsqueda de personas, de víctimas y el Servicio Médico Forense (Semefo), como el Instituto Guerrerense de Ciencias Forenses, asimismo que se garantice presupuesto suficiente a la Fiscalía en Materia de Desaparición y Servicios Periciales de la FGE.
Exigieron justicia para las víctimas de la llamada Guerra Sucia y cese al hostigamiento judicial en contra de los integrantes del colectivo de periodistas Tlacolol.
Por su parte, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, exigió al Congreso dejar de simular y atender las necesidades de los colectivos.
