Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 21 de noviembre (PlanB). -Luego que el gobierno del estado saldara el pago de sus salarios, este viernes, trabajadores del Programa Para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de la Mujer en Tlapa y Ayutla de los Libres levantaron el paro de labores que iniciaron el lunes pasado.
Los trabajadores del Centro de Justicia para las Mujeres de la Región Montaña en Tlapa y el Centro Comunitario Gu’wa Kuma Casa de los Saberes de Ayutla de los Libres, y el Componente Estrategia Integral para la Justicia y bienestar de Mujeres y Niñas de Montaña y Costa Chica, iniciaron un paro de labores indefinido el lunes pasado por adeudos salariales.
Este viernes informaron que les “fueron depositados los pagos correspondientes a los meses adeudados; este cumplimiento tardío confirma, una vez más, la falta de responsabilidad administrativa y de reacción oportuna ante obligaciones laborales que jamás debieron incumplirse. Ningún programa dedicado a la atención, protección y acompañamiento de mujeres, adolescentes, niñas y niños en situación de violencia debería operar bajo escenarios de incertidumbre económica para su personal”.
Denunciaron que la “violencia económica e institucional ejercida durante estos meses por parte del gobierno del estado no desaparece con un depósito extemporáneo. La estabilidad emocional, familiar y profesional de quienes sostenemos estos programas se ha visto afectada gravemente. Además, persiste la preocupación fundada de que esta situación vuelva a repetirse este fin de año”.
Recordaron que en Guerrero se “mantiene dos declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres y una deuda histórica con las regiones de Montaña, Costa Chica y Ayutla. Resulta inaceptable que, aun con este contexto, la atención a víctimas y las acciones de prevención permanezcan sujetas a retrasos, omisiones y falta de previsión presupuestal. Sin recurso humano remunerado puntualmente, ningún espacio puede funcionar. No basta con promover derechos: es obligación del Estado garantizarlos, sostenerlos y fortalecerlos”.
En ese sentido pidieron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda “que se garantice por escrito la puntualidad de los pagos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, evitando que se repita cualquier forma de violencia institucional”.
Exigieron que se establezca “un mecanismo claro, estable y verificable que asegure la continuidad financiera de estos programas, sin retrasos ni incertidumbre para el personal que atiende estos casos de mujeres víctimas de violencia a través de asesorías y representaciones jurídicas, atención psicológica, canalizaciones, traducción y acompañamientos esenciales para mujeres y niñas en situación de indolencia”.
Solicitaron a la gobernadora que lees de una audiencia “pedimos que los pagos se realicen conforme al recurso ya etiquetado para estos programas y sea implementado plenamente en mejoras que fortalezcan la capacidad operativa, la calidad del servicio y las condiciones dignas de trabajo. Del mismo modo exigimos garantías explícitas de que no habrá represalias contra el personal que ejerció su derecho a manifestarse mediante el paro laboral”, añadieron.x
