Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 03 de diciembre (PlanB).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la presidencia municipal de Iguala, tras confirmar violaciones graves a los derechos humanos de dos mujeres víctimas de detención arbitraria y desaparición forzada cometidas por personas servidoras públicas de esas instituciones.
Este miércoles la CNDH emitió la recomendación 200/Q/VG/2025 en contra de las autoridades anteriormente citadas y aunque en el documento se protege la identidad de la víctima de desaparición forzada se trata de la joven, Ivette Melissa Flores Román.
Explican que el 24 de octubre del 2012, un grupo de hombres armados irrumpió en un domicilio en Iguala y se llevaron por la fuerza a Ivette Melissa Flores Román (en ese entonces de 19 años de edad) y a otra jovencita cuya identidad está reservada, quien días después fue liberada y la joven en mención se encuentra en calidad de desaparecida desde esa fecha.
Como autoridades responsables de esos hechos se señala de manera directa (en la recomendación no se le identifica por su nombre) a quien era en ese momento comandante regional de la Policía Ministerial en Iguala, Humberto Velázquez Delgado alías “El Guacho”, quien fue asesinado en junio del 2021 y era investigado por la desaparición de 43 normalistas en Iguala en septiembre del 2014.
Se indicó en el expediente que Ivette Melissa sostuvo una relación con un hijo de Humberto Velázquez, quien habría participado en la irrupción armada en el domicilio de la joven “tuvo conocimiento que sería inminentemente privada de su libertad por su familiar y demás integrantes del grupo delictivo (Guerreros Unidos) y toleró dicha situación, además de conocer el destino que tuvo la víctima después de haber sido ocultada en una casa de seguridad junto con otras mujeres, por lo que tuvo dominio de los hechos, dado que reconoció haberla entregado a un integrante del grupo delincuencial al que pertenecía, al cual reconocía como su jefe”.
Un policía municipal de Iguala también es identificado por haber participado en la desaparición forzada de la joven Ivette Melissa Flores Román y del cual no se revela su identidad.
La CNDH pidió a la FGE y a la presidencia municipal de Iguala “actualizar el registro de víctimas y gestionar su reparación integral del daño, con apoyo de la CEAV y la Comisión Estatal de Víctimas; garantizar atención médica, psicológica y psiquiátrica a las víctimas; colaborar plenamente con las investigaciones que siguen abiertas por la desaparición de la joven desaparecida; impartir un curso integral en materia de derechos humanos y perspectiva de género, incluyendo obligaciones sobre investigación de desaparición forzada, sanciones por vínculos con delincuencia organizada y el uso del Protocolo Homologado de Búsqueda; gestionar apoyos y programas sociales para personas víctimas, incluidos estudios para VI1 y apoyos para adultos mayores.
Además que en un plazo no mayor a 6 meses la FGE y la presidencia municipal de Iguala de manera coordinada “deberán realizar un acto de disculpa pública a los familiares de la víctima 1 y víctima 1 que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, derivado de las violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad e integridad personal y seguridad jurídica, por su detención arbitraria y desaparición forzada”.
Señalaron en la recomendación, que previa autorización y tomando en cuenta la opinión de los familiares de las víctimas, “deberán colocar en un lugar visible al público en el municipio de Iguala, una placa con alusión a que víctima 1 fue desaparecida por personas servidoras públicas de esas dependencias, constituyendo así una reparación simbólica a fin de que se tome conciencia para prevenir hechos como los señalados en la presente recomendación”.
La CNDH consideró además de “suma importancia y urgencia que el Estado mexicano garantice la protección” a Sandra Luz Román Jaimes, mamá de la joven desaparecida y seis víctimas más de este caso.
