Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 24 de mayo (PlanB).- Centro de Derechos Humanos de Víctimas de la Violencia “Minerva Bello” cuestionó la decisión de 9 alcaldes de la región de la Montaña de abandonar la Mesa Regional de Construcción de Paz “abandonar los espacios de coordinación y diálogo no puede convertirse en la respuesta ante una realidad que exige mayores esfuerzos y compromisos colectivos”.
Este sábado los alcaldes Micaela Manzano Martínez, de José Joaquín de Herrera; Khalia Areli Ramos Decena, de Zitlala; Ángel Aguilar Romero, de Acatepec; Alberto Michi Campos, de Tixtla; David Astudillo Morales, de Quechultenango; Pedro Ojeda Reyes, de Ahuacuotzingo; Gerardo Mosso López, de Mochitlán; Jesús Vázquez García, de Mártir de Cuilapan; y Guillermo Matías Barrón, de Atlixtac decidieron retirarse de la Mesa Regional que sesiona en Chilapa y atiende a municipios de la Montaña baja en temas de seguridad.
Los ediles criticaron severamente a las autoridades estatales y federales, anunciaron el retiro de esa Mesa y el hecho generó reacciones del gobierno y de organismos civiles.
El Centro “Minerva Bello” cuyo director es el sacerdote, José Filiberto Velázquez Florencio emitió un comunicado en donde cuestionaron la decisión que tomaron esos 9 alcaldes, “expresamos nuestra preocupación por la decisión de retirarse y no continuar participando en las Mesas de Construcción de Paz”.
Señalaron que como organismo civil de defensa de los derechos humanos entienden “el cansancio, la frustración y la exigencia legítima de resultados eficaces frente a la crisis de violencia e inseguridad que enfrentan nuestras comunidades. También compartimos la preocupación por la insuficiencia de respuestas institucionales y por la urgencia de acciones concretas”.
Pero consideraron que esa decisión no es la correcta “sin embargo, abandonar los espacios de coordinación y diálogo no puede convertirse en la respuesta ante una realidad que exige mayores esfuerzos y compromisos colectivos”.
Aseveraron que esas Mesas “no pertenecen a una autoridad ni a un nivel de gobierno; son un instrumento para coordinar esfuerzos y construir rutas de atención frente a una crisis que afecta diariamente a nuestros pueblos. Debilitar estos espacios significa reducir las posibilidades de interlocución y dejar a las comunidades con menos herramientas para exigir soluciones”.
Agregaron que en Guerrero “la violencia, el desplazamiento forzado, las amenazas y el dolor que viven miles de familias no distinguen colores partidistas ni intereses políticos. La paz exige corresponsabilidad y la responsabilidad pública implica permanecer presentes incluso cuando los resultados no son los esperados”.
Por ello “con respeto a la autonomía municipal, hacemos un llamado a reconsiderar esta decisión y a fortalecer los mecanismos de coordinación, privilegiando el diálogo, la participación y el compromiso con las comunidades que esperan respuestas y acciones reales.
La paz no se construye desde las ausencias; se construye desde la responsabilidad compartida y la permanencia junto al pueblo”, finalizaron.
