Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 26 de junio (PlanB).- Familiares del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz reclamaron que a dos meses de su asesinato “el caso sigue en la total impunidad; la Fiscalía General del Estado se encuentra pasmada en sus investigaciones” y exigieron que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).
Este jueves los familiares del dirigente del Cecop y sus abogados reclamaron que a dos meses de este asesinato la Fiscalía de Guerrero solo se “limitó a realizar las primeras diligencias a que por ley está obligada, pero fuera de ahí no presenta ningún avance”.
Señalaron que el atentado a balazos contra de Marco Antonio Suástegui “ocurrió a plena luz del día ante decenas de testigos, un lugar público con afluencia de turistas y prestadores de este tipo de servicios, con grandes hoteles ubicados en el lugar donde ocurrieron los hechos en Acapulco”.
Sostuvieron que es “inconcebible que a la fecha no haya entrevistado a los compañeros de trabajo de Marco Antonio que estaban en la playa y que seguramente vieron como era agredido, las autoridades tienen un padrón de estas personas y pueden ser llamadas para que rindan entrevista, lo mismo con los dueños de hoteles, deben ser citados para verificar si tienen cámaras desde las cuales se pudo ver el atentado contra el defensor del medio ambiente”.
Aseveraron que hay “varios datos de prueba que la Fiscalía puede conseguir, sin embargo, esta institución se ha cruzado de brazos, incurriendo en omisión y negligencia”.
Afirmaron que al gobierno de Guerrero “no le importa que el caso de Marco Antonio haya recibido una condena unánime. Cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos a nivel nacional e internacional condenaron el homicidio del defensor del medio ambiente”.
Subrayaron que la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, así como varias Relatorías temáticas de la ONU “manifestaron su preocupación por la gravedad del caso; son las instancias internacionales las que están más atentas por lo que sucedió con el defensor comunitario, evidenciando la indolencia de las autoridades del estado, que demuestran su desprecio contra un gran defensor del medio ambiente. Su arrogancia y desfachatez no tienen límites; ignoran que están sentando un precedente negativo que será tomado en cuenta cuando el caso vaya a instancias internacionales por la impunidad que se vislumbra”.
Lamentaron que las autoridades esperan que sean los familiares “los que señalen a algún sospechoso, que sean ellos quienes aporten elementos invirtiendo la carga de la investigación a las víctimas, haciendo cargar sobre sus hombros el peso del riesgo de los actores armados que atentaron contra el defensor y que pueden volver agredir a los familiares que declaren, máxime cuando la Fiscalía ni el gobierno del estado han brindado medidas de protección ni creado un entorno seguro”.
Consideraron que la Fiscalía está siendo omisa en su responsabilidad en el caso y por ello exigieron que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República “que sea esta representación social federal la que lleve a cabo todas las investigaciones ubicando a la brevedad a los responsables a fin de evitar que pase el tiempo y las evidencias sean destruidas o que los responsables evadan la acción de la justicia”.
Añadieron que no van a permitir que el asesinato del dirigente del Cecop, Marco Antonio Suástegui “quede en la impunidad, el olvido al que las autoridades le apuestan será superado por nuestra enérgica protesta y exigencia de verdad y justicia”.
