Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 27 de agosto (PlanB).- La jueza de Ejecución Penal, Isis Peralta Salvador quien fue atacada a balazos en el puerto de Acapulco la mañana de este miércoles, fue acusada por el gobierno federal en octubre del 2022 de haber cometido “dilación” al retrasar por 48 horas una orden de cateo a 5 inmuebles presuntamente donde realizaban operaciones ilícitas los integrantes de la organización criminal de la Familia Michoacana (FM) en la zona de la Tierra Caliente de Guerrero.
Este miércoles por la mañana en el Fraccionamiento Costa Azul la jueza de Ejecución Penal, Isis Peralta Salvador fue atacada a tiros cuando viajaba a bordo de una camioneta; del cual salió ilesa, reportaron autoridades estatales y solo requirió de atención médica por una crisis nerviosa que presentaba.Peralta Salvador fue tema en una conferencia matutina en Palacio Nacional el 13 de octubre del 2022, cuando el entonces subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja la acusó de haber cometido “dilación” al retrasar por 48 horas una orden de cateo a 5 inmuebles que eran centros operativos de la FM, en hechos que ocurrieron el 26 de julio de ese mismo año.
En octubre del 2022 Peralta Salvador era jueza de Control y de Enjuiciamiento Penal y esa ocasión Ricardo Mejía Berdeja aseveró que el retraso en esa orden de cateo a los 5 inmuebles evitó una acción rápida de la Fiscalía General del Estado (FGE).El funcionario federal informó que el 26 de julio del 2022, “con acciones inteligencia, con acciones de investigación criminal realizadas por la FGE, se pudo determinar cinco posibles inmuebles donde el grupo criminal de la Familia Michoacana realizaba actividades presuntamente delictivas, entre ellas la privación ilegal de personas”.
Explicó que la FGE solicitó un cateo a esos cinco inmuebles a la jueza de Control y de Enjuiciamiento Penal, Isis Peralta Salvador y que entre esos inmuebles estaba un rancho, que presuntamente era propiedad de Jhony y José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Pez” y “El Fresa”, líderes de la FM y que se ubicaba esa propiedad en San Miguel Totolapan.Mejía Berdeja indicó que a la solicitud de cateo de la FGE, “que estuvo formulada en términos de la ley, debidamente fundamentada y motivada”, la jueza Isis Peralta Salvador negó en un primer momento obsequiar esas órdenes de cateo.
Y que después de “nuevas gestiones del Ministerio Público y al insistir, dos días después la jueza, Isis Peralta, juez de Control en Guerrero, autoriza finalmente el cateo, sin embargo (cuando autorizó a la FGE los cateos a esas cinco propiedades), ya habían pasado 48 horas”.
El funcionario federal dijo que esas 48 horas les dio al grupo criminal de la FM, “tiempo suficiente, mediante el cual los presuntos criminales pudieron tomar providencias para salir del lugar, para quitar evidencias y al mismo tiempo organizar cinco bloqueos en el lugar para dificultar las acciones de las fuerzas federales”.
Reveló que en ese operativo de la FGE para realizar esos cateos en Tierra Caliente, iba personal del Ejército, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Coordinación Nacional Antisecuestro, “finalmente cuando se realizaron los cateos, fueron inoportunos y los criminales presuntos no habían dejado ninguna evidencia”.
El subsecretario de Seguridad, también dio como contexto que previo a la masacre de 20 personas el 5 de octubre del 2022 en San Miguel Totolapan, el domingo 2 de octubre fue asesinado el director de Desarrollo Rural, Nazario Domínguez Najera, de quien se había dicho falleció en un accidente vehicular cuando su camioneta se precipitó a un barranco cerca de la localidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán del Progreso.
Ricardo Mejía dijo de manera textual, “tiempo después (de la negación de esos cateos el 26 de julio) viene el homicidio, que se quiso simular que fue un presunto accidente de Nazario “N” director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan y con posterioridad el día 5 hubo el evento de todos conocidos el evento desafortunado en San Miguel Totolapan”.
Sostuvo que se exhibió este caso “porque la oportunidad en algunas acciones de carácter persecutorio es determinante para los buenos resultados, no actuar a tiempo puede finalmente abonar a que con posterioridad se desaten otro tipo de eventos”, indicó Mejía Berdeja.
