Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro. 01 de agosto (PlanB).- Familiares de la doctora Adela Rivas Obé acusaron a funcionarios del IMSS de revictimizar a la trabajadora de ese Instituto, quien fue asesinada en 2016 luego que investigaba el robo de medicamentos en clínicas de salud en la región de la Costa Grande.
Recién el pasado 29 de julio de 2025, el Órgano Interno de Control del IMSS exigió a la familia de la doctora Adela Rivas Obé que entregue evidencia documental que acredite que ella fue enviada a la clínica 27 de Petacalco por instrucción directa de su superiora jerárquica, María Teresa Díaz Martínez para investigar un robo de medicamentos controlados y que aporten los documentos que prueban que se identificó plenamente el robo sistemático de medicamentos en esa unidad médica.
Y que entreguen las constancias que acrediten que señaló al encargado de farmacia como responsable de un desfalco superior a 100 mil pesos mensuales.
El documento fue firmado por el director de ese órgano del IMSS, Jaime Cruz Lucatero; elaborada por el auditor Francisco Galeana López y revisada por el auditor Manuel González Martínez, “tres funcionarios públicos que, en lugar de cumplir con su deber con rigor, independencia y responsabilidad, han optado por revictimizar a la familia de una doctora desaparecida y asesinada por ejercer su labor con integridad y principios, los mismos que ellos han traicionado”.
Consideraron que se trata de “cinismo administrativo y prepotencia burocrática, ahora exigen que la familia haga el trabajo que a ellos, por mandato presidencial por ley, les corresponde hacer, y por el que están cobrando un salario como servidores públicos”.
Aseveraron que esa postura del IMSS está “marcada por la ignorancia y el desdén, el IMSS no solo elude su responsabilidad de haber protegido a una servidora pública que fue desaparecida y posteriormente asesinada mientras cumplía con una encomienda institucional, sino que ahora pretende que sean sus propios hijos y familiares quienes reconstruyan los archivos, documentos y evidencias que el propio IMSS ha negado, ocultado o permitido que desaparezcan durante casi 9 años”, cuando fue asesinada la doctora.
Señalaron que el MSS cuenta con facultades legales para requerir esta información a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a la Fiscalía General de la República y a otras instancias competentes, “además, debería existir un expediente en sus propios archivos sobre los hechos ocurridos en el 2016; hasta la fecha no hay constancia de que el Instituto haya establecido alguna vía de comunicación interinstitucional para cumplir con la investigación del robo de medicamentos que le fue instruida expresamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.
Recordaron que en 2016 el entonces delegado del IMSS, José Luis Ávila Sánchez, negó públicamente el robo de medicamentos que la doctora Adela Rivas Obé fue enviada a investigar, “hoy, casi nueve años después, estos tres auditores que firman dicho requerimiento replican la misma estrategia de encubrimiento institucional: exigen a la familia, que en un plazo perentorio de cinco días, que entregue la documentación que compruebe un crimen que el propio IMSS encubrió, solapó y se ha negado sistemáticamente a investigar o presentar una denuncia ante las instancias correspondientes”.
Subrayaron que esta acción “no representa un avance hacia la verdad: es la confirmación de una voluntad institucional de seguir encubriendo el robo sistemático de medicamentos”.
Añadieron que esa “actuación indolente por parte de los tres auditores no es un error aislado, sino la manifestación de un patrón sistemático: el IMSS perpetúa un modelo de impunidad en el que el aparato del Estado revictimiza, evade su deber como garante de la verdad y la justicia, y convierte la negación institucional en norma operativa”.
Añadieron que el “robo sistemático de medicamentos, la desaparición forzada y el asesinato de la doctora Adela Rivas Obé no son hechos nuevos ni desconocidos por el Instituto ni por el Estado: forman parte de su historial de omisiones desde el año 2016”.
Agregaron que México “no necesita más simulaciones, lo que el IMSS ha puesto en marcha es un montaje diseñado para sepultar la verdad bajo trámites burocráticos. Con esta actuación, queda en evidencia que carece de transparencia y voluntad real de justicia”.
Advirtieron que si el IMSS “sigue sin asumir su deber con responsabilidad, transparencia e imparcialidad, no solo estará obstruyendo el acceso a la justicia, sino comprometiendo la legitimidad de las instituciones públicas frente a un caso de desaparición forzada y corrupción documentada; la responsabilidad no prescribe y la justicia, tampoco”.
