Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 26 de enero (PlanB).- La síndica del municipio de San Marcos, Denise Guadalupe Valle Trujillo denunció que el alcalde, Misael Lorenzo Castillo violó la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero al tomar un acuerdo mayoritario en cabildo y excluirla del manejo de las cuentas públicas del Fortmun y el Faismun.
Valle Trujillo denunció que el sábado pasado el edil del PVEM convocó a sesión de cabildo en donde aprobaron por mayoría de votos que el alcalde y el Tesorero municipal “mancomunen sus firmas para la apertura de cuentas bancarias de los fondos Fortamun y Faismun; lamentablemente, esta decisión excluye deliberadamente a la sindicatura procuradora, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 73 y 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Asimismo, vulnera las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las cuales establecen mecanismos de control colegiado para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos”.
La representante popular no dudó en afirmar que tras esa decisión hay un “abuso de autoridad, genera opacidad en el manejo del erario y debilita el control institucional. Esta omisión expone al Ayuntamiento a responsabilidades administrativas y penales severas. Durante la sesión, advertí formalmente a mis compañeros ediles que avalar esta ilegalidad los hace sujetos a sanciones que incluyen la inhabilitación, la destitución y responsabilidad penal”.
Sostuvo que como síndica “mi papel no es decorativo: la ley me confiere facultades de vigilancia y fiscalización sobre el patrimonio municipal. Negar mi participación en la mancomunación de firmas no solo es un acto jurídico nulo, sino también un acto de violencia política por razón de género, que busca invisibilizar la representación de las mujeres en la toma de decisiones estratégicas”.
Dijo que seguirá exigiendo “el acceso a la información financiera técnica a la que tengo derecho, la cual solicité formalmente desde el lunes 19 de enero. Esta información me ha sido negada sistemáticamente. Incluso, que se ha falsificado mi firma y utilizado sin autorización el sello de esta oficina de sindicatura en documentos de la Cuenta Pública entregados a la Auditoría Superior del Estado (ASE)”.
Señaló que esa “exclusión es una obstrucción directa a mis derechos políticos y una muestra de prácticas oscuras, arcaicas que carecen de legalidad, que considero habían quedado en el baúl del pasado; actuaré conforme a derecho, acudiendo a las instancias administrativas y judiciales correspondientes para salvaguardar el patrimonio de todas y todos. No busco confrontación, sino el respeto a la institucionalidad, la transparencia y la igualdad de género en nuestro municipio”.
