Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 26 de agosto (PlanB).- De enero a julio en Guerrero han sido denunciados dos medios de comunicación y cuatro reporteros, mientras que en el país reportó Artículo 19 que hay 51 casos y 39 periodistas denunciados en un “patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Este martes esa organización que documenta ataques, censuras y agresiones a reporteros y la libertad de expresión en México presentó su reporte “Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México”.
Artículo 19 en su capítulo para México y Centroamérica hizo “un llamado urgente a revisar los marcos normativos que están siendo utilizados como herramientas de censura en México”.
Por ello demando a las autoridades “abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas. En lo que va del año, ARTICLE 19 ha documentado un preocupante aumento sostenido del acoso judicial contra periodistas: entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos. En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra”.
Señalaron que eso “equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio. Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Recordaron que desde el 2016, han advertido “sobre esta tendencia, pero este año en tan solo siete meses se ha superado el número de víctimas registradas en cualquier año anterior. La violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas: ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales”.
Señalaron que les “preocupa especialmente el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), diseñada originalmente para combatir la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México. Esta figura se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder”.
Y consideraron que el Estado Mexicano está “obligado a proteger el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, consagrado en la Constitución y protegido por los tratados internacionales”.
En el reporte mostraron unas gráficas en donde señalan que en 2020 documentaron 39 casos; en el 2021 fueron 40 casos; en 2022 documentaron 32 casos; en el 2023 fueron 22 casos; el año pasado fueron 21 los casos documentados; pero este año, de enero a julio han documentado 51 casos en todo el país.
Informaron que en Veracruz de enero a julio se han iniciado 10 denuncias; en Ciudad de México 9; en Jalisco 6; Campeche, Oaxaca y Puebla con 3 casos cada uno; Guerrero, Aguascalientes, Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas y Tlaxcala don 2 casos cada estado; Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Yucatán con una denuncia en cada entidad.
En Guerrero en julio pasado el Tribunal Electoral determinó que el periodista del portal Acapulco Trends, Jesús Castañeda cometieron violencia política en razón de género en agravio de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez y lo obligaron a pedir disculpas.
Otro caso en Guerrero es el de los periodistas, Jesús Guerrero, Arturo de Dios Palma y Emiliano Lucena Tizapa del medio digital El Tlacolol, contra quien el INE inició un procedimiento especial sancionador por una queja que interpuso una aspirante a magistrada federal quien pidió proteger su nombre y quien considera ser víctima de violencia política en razón de género.
