Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 09 de junio (PlanB).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos acusó al gobierno que encabeza, Claudia Sheinbaum Pardo de haber iniciado una campaña de criminalización en contra de normalistas de Ayotzinapa y el Comité de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014.
Lo anterior luego que este martes se difundiera la ficha de dos normalistas de Ayotzinapa a quienes con «labores de inteligencia» se les ubica como los responsables de ordenar la fabricación de más de mil petardos para las movilizaciones de esta semana en la Ciudad de México y el decomiso de al menos 50 petardos este lunes en Tlalpan, supuestamente en un autobús en donde se trasladaban normalistas a la capital del país y que están siendo financiados por el PRI.
Señalaron que a 11 años y 9 meses de la desaparición de los 43, «el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue sin presentar avances sobre el paradero de los normalistas. La mayor preocupación es que han abandonado las líneas de investigación trazadas por el GIEI, sobre todo la relacionada con los 853 folios del ejército que en diferentes ocasiones han solicitado las madres y padres».
Y que ante «el estancamiento de las investigaciones» los padres y normalistas decidieron iniciar una jornada de protestas en la Ciudad de México «a escasos 3 meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de sus hijos, las madres y padre decidieron ejercer su derecho a la protesta para visibilizar su lucha y solicitar a la Fiscal General de la República y a la titular de la Secretaría de Gobernación y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores una reunión urgente con el fin de abordar la viabilidad y modalidad de mantener la asistencia internacional en las investigaciones de la desaparición de los jóvenes normalistas, impulsar las líneas de investigación que se encuentran estancadas y vislumbrar una ruta para la entrega de los folios que se encuentran en los archivos del ejército».
Afirmaron que la «amplia difusión que el gobierno federal le ha dado a los artefactos que supuestamente encontró en el interior de un autobús, el comité estudiantil y sus representantes legales han manifestado que es falsa la información. Es público que los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, tienen una organización autónoma nutrida de una línea de pensamiento de izquierda. Sus métodos de lucha han derivado en represiones violentas por parte de las autoridades en turno».
Recordaron que la historia de los normalistas de Ayotzinapa «está marcada por la persecución encarnizada y la violencia ejercida por los cuerpos represivos del Estado, dejando un saldo de 11 estudiantes asesinados y 43 jóvenes desaparecidos. Su lucha se mantiene firme y fiel a su ideario político y a su compromiso con los pueblos pobres de México. En todo momento los estudiantes han defendido las normales rurales de México como una conquista de la lucha revolucionaria. Sus acciones de protesta las determinan en asamblea de manera autónoma, al margen de los partidos políticos y los gobiernos en turno».
Acusaron a que las autoridades federales «han estigmatizado y criminalizado a las normales rurales. En Guerrero se ha focalizado la represión contra los estudiantes de Ayotzinapa catalogándolos de guerrilleros y vándalos. Sus métodos de lucha no solo han sido monitoreados por las autoridades, sino que el mismo Ejército se ha encargado de aplicar sus planes de contrainsurgencia infiltrando a la Normal. El GIEI demostró que uno de los 43 estudiantes desaparecidos era miembro del ejército».
En ese contexto de las movilizaciones, acusaron que desde el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo «han emprendido una campaña contra los normalistas de Ayotzinapa y contra las madres y padres de los 43 estudiantes, con el fin de desprestigiar su movimiento y desvirtuar su lucha. Es claro el malestar del gobierno contra todos los sectores sociales que ejercen su derecho legítimo a la protesta ante la proximidad del mundial de fútbol. La imagen de un país mágico contrasta con el malestar de las organizaciones sindicales y sociales, colectivos de víctimas, movimiento magisterial, normalistas, ante el incumplimiento de los compromisos contraídos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y la grave crisis de las desapariciones forzadas cuya cifra se eleva a 134 mil personas desaparecidas en nuestro país».
Deploraron que la CNDH y la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación «sean la punta de lanza para criminalizar a los normalistas y a las madres y padres de los 43 alentando el uso de la fuerza y una eventual represión. Se busca desacreditar su lucha legítima y desviar la atención de la opinión pública ante su demanda principal de dar con el paradero de sus 43 hijos. Solicitamos cese la criminalización y la represión contra los estudiantes y padres de los 43 y se permita la libertad de expresión garantizando el derecho a la protesta social», añadieron.
