Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 03 de julio (PlanB).- El Colectivo Guerrero No + Desaparecidos denunció omisiones, falta de personal con perfil adecuado, un grave rezago en el tema de identificación forense en Guerrero y pidió la intervención de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda ante lo que consideran omisiones graves de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Integrantes de ese Colectivo conformado por medio centenar de familias ofrecieron una conferencia en donde indicaron que se decidieron organizar ante “la necesidad y la indignación al ver cómo más familias viven lo que nosotros vivimos: la desaparición de un ser querido, la desinformación total sobre qué hacer, a dónde acudir, y además, el rechazo y estigmatización por parte de la sociedad”.
Pidieron una audiencia a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda “para exponer la grave problemática en los asuntos que competen a la atención de la FGE, particularmente de los Servicios Periciales”.
Denunciaron que de la FGE hay una “falta de atención, respuesta y coordinación lo cual ha dificultado gravemente nuestro derecho a la verdad. Nuestro estado enfrenta un grave rezago en materia de identificación humana, situación que requiere de voluntad política, recursos humanos, económicos y materiales, profesionalización y, sobre todo, sensibilidad ante el dolor de quienes buscamos incansablemente a nuestros familiares”.
Recordaron que hace más de un mes iniciaron una búsqueda en campo en la carretera antigua que comunica a Chilpancingo con Zumpango a donde llegaron por una denuncia anónima de que en un paraje había restos de una persona y a la fecha han encontrado los restos de 3 personas y que el coordinador de Servicios Periciales, Héctor Ramírez Chávez se comprometió a presentar un plan de trabajo, lo cual no ha hecho y también hacen falta profesionales para continuar con la búsqueda.
Consideraron que es urgente que haya “personal capacitado y reubicación de personal a las áreas correspondientes a su capacitación y especialización, herramientas para continuar con las labores de excavación, evitando dilaciones que pongan en riesgo las evidencias y la integridad de las familias”.
Demandaron el “cese inmediato de prácticas que constituyen revictimización institucional, como la falta de organización y coordinación, la omisión y la indiferencia ante las necesidades emocionales, logísticas y económicas de las familias”.
Consideraron apremiante que haya “una coordinación real y efectiva entre las comisiones y las instituciones responsables de la búsqueda de personas desaparecidas. Establecer mecanismos claros de colaboración e intercambio de información. La búsqueda debe ser integral, con protocolos adecuados y con pleno respeto a los derechos humanos. Ya no hay tiempo para improvisaciones ni simulaciones. La coordinación interinstitucional no es un favor, es una obligación del Estado”, agregaron.
