Bernardo Torres Morales
Chilpancingo, Gro., 16 de mayo (PlanB).- La desaparición de los videos captados por cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, formó parte de un plan deliberado para borrar evidencias del modus operandi que corporaciones policiacas y militares implementaron para la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, señaló Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
Es por ello, dijo, que la detención de la exmagistrada y expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín es una acción importante, porque se habla de que en ese edificio había al menos 10 cámaras que podrían haber arrojado información fundamental sobre cómo se llevaron a la mitad de los jóvenes.
Dijo que, de acuerdo con testimonios, frente al Palacio de Justicia se montó un fuerte operativo de seguridad de donde al menos 17 estudiantes fueron trasladados a Barandillas, pero del resto no se supo su paradero.
Por tanto, el hecho de que hayan desaparecido esos videos de las 10 cámaras, habla de un plan para borrar evidencias con toda la intención deliberada de no dejar ningún rastro.
«Es muy grave y es muy delicado para saber qué pasó con esos videos o de quién recibió la orden para destruirlos o para hacerlos perdedizos o si están en algún lugar», dijo.
Abel Barrera abundó en que la responsabilidad de Lambertina Galeana fue muy alta en ese momento, porque su colaboración habría permitido detectar el modus operandi que se aplicó para la desaparición de los 43 normalistas.
Ahora con su detención, el defensor de derechos humanos, considerá que podría ayudar a dilucidar lo que pasó la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Asimismo, dijo que es extraño que el exgobernador, Ángel Aguirre Rivero se deslinde de estos hechos sin que nadie le haya pedido justificar que él no dio la orden de desparecer los videos, pero no puede evadir su responsabilidad ya sea por omisión o complicidad.
Insistió en que un gobernador con ese grado de responsabilidad no puede deslindarse, pues independiente de que son poderes autónomos, había la posibilidad de exigirle cuentas a la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
Incluso, recordó que en ese momento, Ángel Aguirre, no tomó el caso en sus manos directamente, sino que delegó dicha responsabilidad a su sobrino, Ernesto Aguirre, cuando ante la gravedad del caso, debió haber acudido personalmente a la Ciudad de Iguala.
Finalmente, señaló que la presidenta del TSJ lejos de colaborar en las investigaciones, como poder autónomo se subordinó a las mafias que controlaban el Gobierno de Guerrero en ese momento.
