Redacción/Fotografías de Plan B Guerrero
Chilpancingo, 12 de octubre (PlanB). – Durante la conmemoración del 30 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), desarrollada este domingo en San Luis Acatlán, el coordinador de ese municipio, Ezequiel Catalán Madrid, exigió al gobierno del estado y a las autoridades federales la liberación del comisario de Coapinola, Jaime Morales Castro, detenido el pasado 9 de octubre, y advirtió que darán un plazo de 24 horas.
«El compañero debe ser liberado de manera inmediata», expresó el coordinador durante su intervención ante autoridades comunitarias, representantes de diversas casas de justicia y autoridades de gobierno. Reprochó que Morales Castro fue privado de su libertad «por el simple hecho de proteger a su pueblo y de tratar de establecer la paz».
El representante comunitario anunció que, tras un diálogo con otras autoridades de la CRAC, otorgaron un plazo de 24 horas para que el comisario sea puesto en libertad y, de no cumplirse esta demanda, advirtió que la organización tomará acciones, aunque aclaró que no se trataba de una amenaza, sino de una exigencia de justicia.
“Somos una institución pacífica, el gobierno lo sabe, pero ya debemos tomar cartas en el asunto”, dijo. Añadió que una comisión representativa buscará dialogar directamente con el gobierno estatal y otras instancias correspondientes.
El acto conmemorativo del 30 aniversario de la CRAC inició con un desfile por las principales calles de San Luis Acatlán, seguido por una ceremonia en la que se guardó un minuto de silencio en honor a los miembros y coordinadores caídos en la lucha por la autonomía y la seguridad comunitaria.
Durante el evento, también se presentó la nueva bandera oficial de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán la cual será colocada en todas las casas que integran la CRAC, como símbolo de unidad y resistencia frente a las adversidades que enfrentan los pueblos originarios de la región.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias surgió en 1995 como un modelo de justicia y seguridad autónoma en la Montaña y Costa Chica de Guerrero, en respuesta a la ausencia institucional en los territorios indígenas y afromexicanos.
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