Bernardo Torres Morales
Chilpancingo, Gro., 02 de noviembre (PlanB).- La entidad guerrerense se posiciona en segundo lugar a nivel nacional en crímenes contra periodistas que siguen en la impunidad, dio a conocer la Organización No Gubernamental, Artículo 19.
En un recuento del año 2000 a la fecha, en Guerrero han sido asesinados 19 periodistas, sólo por debajo de Veracruz, donde la cifra asciende a 31 trabajadores de los medios de comunicación caídos.
La estadística se da a conocer en el contexto del Día Internacional para Poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, en el que la organización exigió justicia por los crímenes más recientes.
Entre ellos se encuentran el periodista Kristian Uriel Martínez Zavala, asesinado el 2 de marzo del presente año en el estado de Guanajuato.
También el caso más reciente, el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, en el estado de Durango el pasado 25 de octubre.
Del 2000 a la fecha, en México han sido silenciados 175 miembros de los medios de comunicación, de los cuales la mayoría siguen en la impunidad y los agresores en libertad.
De acuerdo con el informe sexenal de Artículo 19, las personas periodistas que cubren temas relacionados con narcotráfico, seguridad pública y vínculos entre autoridades y grupos criminales enfrentan los niveles más altos de riesgo. En este contexto, señala que informar puede costar la vida o, en su defecto, derivar en el silenciamiento por omisión del propio Estado.
Reitera que el Estado mexicano es responsable de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad de expresión de todas las personas periodistas, y que el cumplimiento efectivo de estas obligaciones es esencial para el fortalecimiento de la democracia y el derecho a la información en el país.
Conforme al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar los ataques contra periodistas, así como de garantizar reparación integral a las víctimas.
Asimismo, la ausencia de un pronunciamiento público sobre este asesinato refuerza las fallas estructurales de las investigaciones y perpetúa la impunidad que permite la repetición de estos crímenes.
