Bernardo Torres Morales
Chilpancingo, Gro., 17 de agosto (PlanB).- El Comité Estudiantil de Ayotzinapa reveló que son testigos protegidos quienes incriminan al empresario Pedro Segura Valladares con la desaparición de sus 43 compañeros, que se encuentra recluido en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano.
Mediante un comunicado para fijar la postura de la Normal, indicaron que detención fue resultado de diversos testimonios de testigos protegidos que lo señalan por su presunta vinculación con grupos delictivos involucrados en los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala.
El pasado 13 de agosto, el empresario Pedro Segura fue detenido en la carretera de Tepecoacuilco por elementos de la Fiscalía Genera de la República [FGR], en relación con el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
Señalan que estos mismos testimonios evidencian los vínculos entre dichos grupos criminales y autoridades del gobierno en funciones en ese entonces, lo que refuerza la exigencia de verdad, justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales.
Reprocharon que durante casi 11 años han surgido múltiples versiones de los hechos que no han hecho más que entorpecer el esclarecimiento del caso y obstaculizar el debido proceso de investigación. Los actores involucrados en estos crímenes no han recibido el castigo que la justicia demanda.
Insistieron en que desde aquel 2014 hasta la fecha actual, en 2025, el Estado ha demostrado una constante intención de ocultar la verdad. Un ejemplo claro de ello fue la llamada “verdad histórica”, una narrativa oficial construida para cerrar el caso sin una verdadera rendición de cuentas ni justicia para las víctimas.
Esta versión fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEl), el cual evidenció graves irregularidades en las investigaciones realizadas por las autoridades.
La Escuela Norma! Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero, exige que se investiguen a fondo estos testimonios, ya que pueden ser pieza clave para el esclarecimiento de este crimen de Estado.
También exigen la reapertura y continuidad del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Transparencia total en la investigación con acceso público a documentos, pruebas, expedientes y declaraciones que hasta hoy se mantienen ocultos o reservados.
