Bernardo Torres Morales
Chilpancingo, Gro., 15 de abril (PlanB).- El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón lamentó la postura del Gobierno Mexicano, al rechazar la activación del protocolo 34 de la Convención Internacional de la ONU respecto a la desaparición forzada a manos del Estado, particulares y grupos paramilitares.
En su respuesta al Estado Mexicano la CED-ONU señala de que entre 2015 y 2018 en México han ocurrido desapariciones forzadas en diferentes formas suficientes para invocar el Artículo 34.
Para reconocer las desapariciones forzadas la Convención considera “que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.”
El Comité considera que “las circunstancias contempladas en el artículo 2 se aplican, entre otras cosas, a los denominados «grupos paramilitares», pero también a las personas involucradas en la delincuencia organizada, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal.
Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Morelos, acusó que desde la presidencia de México se insiste en que las desapariciones en México son cometidas por agentes no estatales, colocando a los 125 mil de desaparecidos en otro supuesto jurídico denominado “desaparición cometida por particulares”.
Recientemente están las denuncias de madres buscadoras de Chiapas con alrededor de 2 mil 200 desapariciones, la desaparición de 54 personas en Tamaulipas que fueron ejecutadas por Unidades Especiales de La Marina.
El encubrimiento por parte de la Sedena los hechos que ocurrían desde 2018 en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, que obligó a la Federación a recibir a los colectivos de buscadoras y anunciar una serie de acciones, que con esta respuesta resultan en una burla para los familiares de las víctimas.
Actualmente 364 familias y 158 colectivas, colectivos de personas desaparecidas, de las 108 organizaciones y 272 personas organizados se pronunciaron por la apertura del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional en materia de Desapariciones forzadas por parte del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Ante este contexto, los colectivos exigen la aplicación irrestricta del Artículo 43 del CED-ONU, así como insistir la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero.
