Bernardo Torres Morales
Chilpancingo, Gro., 17 de noviembre (PlanB).- Trabajadoras y trabajadores del Centro de Justicia para las Mujeres Región Montaña con sede en la Ciudad de Tlapa y la Casa de los Saberes Gu’wa Kuma de Ayutla pararon labores por el retraso nuevamente del pago de sus honorarios.
Los trabajadores forman parte del Programa Para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que depende de la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado.
Este lunes iniciaron un paro de labores ante lo que consideran una grave crisis laboral y humana que los trabajadores están enfrentando por el incumplimiento sistemático en los adeudos de honorarios.
Destacan que el personal aun sin cobrar brindan diariamente acompañamiento jurídico, psicológico, social, comunitario, cultural, de traducción, canalización y protección a mujeres, adolescentes, niñas y niños en situación de violencia de diversas regiones.
De manera incongruente, señalan que han sido sometidos a violencia económica e institucional, al negarles el derecho primordial a recibir sus honorarios en tiempo y forma como todo trabajador.
Recordaron que el Estado de Guerrero mantiene una deuda histórica con las mujeres y dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, de los cuales, existen nueve municipios alertados; entre ellos Tlapa de Comonfort y Ayutla de los Libres.
«Resulta inadmisible que aun en dicho contexto, no se de prioridad presupuestal a programas y equipos que sostienen la atención a víctimas de la violencia machista y desigualdad, así como acciones preventivas comunitarias que contrarresten las uniones forzadas y a edad temprana».
La ausencia de salario durante meses, señalan ha deteriorado profundamente la estabilidad económica, emocional y familiar del personal profesional que sostienen estos programas.
Además, pone en riesgo directo la continuidad de los servicios esenciales en la Montaña, Costa Chica y Ayutla: atención de emergencias, acompañamientos a víctimas, contención psicológica, traducción, acciones comunitarias, fortalecimiento territorial, mediaciones y articulaciones con instituciones de seguridad y justicia.
«Sin presupuesto operacional para recurso humano y material, ninguno de estos espacios puede funcionar. No basta con promover los derechos de las mujeres sino garantizarlos y eficientarlos».
Ante esto, exigieron a la gobernadora, Evelyn Cecia Salgado Pineda y al Secretario de Finanzas Raymundo Segura Estrada, que se cubran de manera urgente e íntegra todos los honorarios adeudados, sin excusas ni nuevas prórrogas y se garantice por escrito la puntualidad de los pagos subsecuentes para evitar la repetición de dicha violencia institucional.
Insistieron en que la falta de pagos no es solo un retraso administrativo, sino una forma de violencia institucional que vulnera los derechos de los trabajadores.
«Nuestra demanda es legítima y apartidista, por la dignidad laboral, justicia y respeto a nuestro trabajo, así como las garantías del ejercicio pleno al derecho de las mujeres, adolescentes, niñas y niños a recibir atención de calidad y en condiciones de seguridad», concluye el documento
