*Golpean y torturan a un profesor por un incidente de tránsito usando “fuerza gansteril”, denuncia Tlachinollan. Temen pobladores y organizaciones de derechos humanos que puedan ocurrir hechos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 12 de junio (PlanB).- Organizaciones sociales, de derechos humanos y habitantes de Tlapa exigieron a las autoridades federales y estatales la revisión de la actuación y los perfiles de los efectivos de la Policía Municipal de Tlapa y advirtieron que en ese lugar de la Montaña podría ocurrir otro hecho como la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, perpetrada en septiembre de 2014.
Desde hace meses se han hecho denuncias públicas de los constantes abusos de autoridad, con violencia y amenazas, de los policías municipales de Tlapa, sin que el alcalde priista, Gilberto Solano Arreaga, les ponga un alto.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan advirtió este jueves en un comunicado que graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la policía de Tlapa “se han quedado en la impunidad; se han erigido como la autoridad absoluta para hacer lo que les plazca, violando los derechos humanos de las personas de a pie. No permiten cuestionamientos de las ciudadanas y ciudadanos por sus acciones prepotentes. En lugar de proteger a la población usan la fuerza gansteril para someter, amenazar y golpear”.
Señalaron que tienen varias denuncias de habitantes que han padecido esos abusos y que un testimonio reciente es el del profesor y comerciante Uriel Noriega Vega, quien sufrió tortura y abusos de los agentes municipales, por lo que interpuso una queja ante la delegación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), “por la violación a sus derechos humanos, dignidad humana, integridad personal y seguridad jurídica; abuso de autoridad, lesiones, daño a la propiedad y amenazas”.
Informaron que Noriega Vega acudió la noche del pasado 1 de junio a entregar un pedido al hotel Las Palmas, a la altura del 93 Batallón, perteneciente a la 35 Zona Militar, y en su trayecto dos elementos de Tránsito Municipal lo detuvieron, “estaba una cinta de precaución para impedir el paso a los vehículos, pero Uriel pudo entrar porque en las entradas del libramiento no había ninguna señalización ni aviso para alertar que no había paso. Les dijo que no había visto los señalamientos y los invitó para que fueran a corroborarlo”.
A los policías de Tránsito les molestó esta respuesta y llamaron a la Policía Municipal y llegaron las patrullas P-02 y P-024 con al menos 8 policías municipales, la mayoría con pasamontañas y dos iban descubiertos del rostro y grabó un video que subió a su perfil de Facebook de la actitud hostil y amenazante de los uniformados.
El profesor dijo que se negó a bajar del vehículo y con todo y grúa se los llevaron a las oficinas de Tránsito, donde los policías rompieron los vidrios del vehículo y “entre todos los policías me derribaron al piso y me empezaron a golpear en diferentes partes del cuerpo. Uno me empezó a ahorcar, me daba golpes en la boca del estómago y otro me empezó a meter tierra y piedras en la boca. ‘No que muy chingón, te vamos a madrear para que aprendas y si dices algo te va ir peor, te sentías muy cabrón grabando, tienes que aprender a obedecer, qué no sabes que nosotros mandamos aquí’, me decían”.
El profesor narró que se estaba desmayando “sentía que me iban a matar. Cuando ya no reaccionaba me esposaron y algunos dijeron ‘ya déjenlo, súbanlo a la camioneta y llévenselo’; esposado, uno de los oficiales me dijo que me agachara y al no poder con la punta del cañón de su rifle me dio un golpe en la cabeza y empecé a sentir como la sangre bañaba mi rostro. Me acostaron en la batea y me seguían golpeando hasta que llegamos a los separos en el punto conocido como La Mona”.
En las instalaciones de barandilla que se encuentran en ese lugar un policía que resguardaba la celda “me dijo ‘recibí indicaciones que subiste un video, si quieres salir, tienes que borrarlo’” y lo tuvo que hacer y para poder salir, además de pagar una multa de 3 mil 800 pesos.
Sus familiares lo llevaron a recibir atención médica y Tlachinollan denunció que en barandilla de Tlapa que “no cumplen con las garantías mínimas de protección para los detenidos. No hay juez calificador, ni médicos que certifiquen las lesiones. Es un lugar aislado de la Dirección de Seguridad Pública donde los policías golpean y torturan a las personas retenidas”.
Lamentaron que los policías de Tlapa “en lugar de proteger a las personas las golpean con el argumento de que tienen que obedecer, pero nunca son transparentes. Es necesario que rindan cuentas y se sometan al escrutinio de las ciudadanas y ciudadanos. Son servidores públicos, pero no están por encima de la Constitución y de tratados internacionales que protegen a las ciudadanas y ciudadanos”, y por ello llamaron a las instancias de Seguridad de la federación y el estado a revisar su actuación.