***Los ataques del grupo criminal no permiten el acceso a médicos ni maestros a las comunidades
Bernardo Torres Morales
Ejido Guajes de Ayala, Gro., 29 de diciembre (PlanB).- Durante al menos 20 años, cuatro en la ola de violencia más reciente, siete localidades del Ejido Guajes de Ayala, en la Sierra del municipio calentano de Coyuca de Catalán, resisten el asedio del grupo delincuencial La Familia Michoacana (FM).
Son siete localidades que se encuentran en la total marginación por parte del Gobierno de Guerrero, con una gran riqueza en recursos naturales maderables y mineros, que son la ambición de los grupos criminales.
Hasta ahí no llegan los servicios educativos, de salud, electricidad o de infraestructura carretera; lo más avanzado tecnológicamente que ha visto la niñez son drones cargados de explosivos que atentan contra sus vidas.
El asedio, de acuerdo con el presidente del Comisariado Ejidal de Guajes de Ayala, Javier Hernández Peñaloza, arreció nuevamente a finales de 2020. En febrero de 2021 la FM inició un cerco a las comunidades, provocando el desplazamiento de cientos de personas.
Desde entonces, los ataques han sido sistemáticos, y el más reciente ocurrió apenas el pasado 15 de octubre que derivó en un enfrentamiento con miembros de la resistencia que dejó varias personas muertas.
Los pobladores han denunciado la situación de manera constante a las autoridades estatales y federales, quienes, dijo, acuden solamente vía aérea y en ocasiones llevan despensas o medicinas, pero no se ha atendido la demanda de seguridad.
Hasta en tanto no se establezcan bases de operaciones mixtas, un grupo de jóvenes armados bajo la dirección de Javier Hernández vigilan día y noche los alrededores de las comunidades.
Armados con lo que tienen a su alcance recorren brechas prácticamente inaccesibles, donde apenas un vehículo 4×4 o cuatrimotos pueden acceder, pero no tienen otra opción.
Sus edades apenas oscilan entre los 18 y 25 años, la mayoría de ellos han perdido a un familiar, y ahora que tienen hijos están dispuestos a protegerlos y abrirles paso hacia un mejor futuro.
Reconocen que, si bien es cierto, el uso de las armas no es el mejor camino, pero desde que tomaron una en sus manos asumieron la responsabilidad de proteger sus pueblos, buscando hacer el mejor uso de cada bala disparada.
Los jóvenes armados saben que no es su responsabilidad asumir temas de seguridad, pero para ellos no hay más opciones si las autoridades no asumen su papel.
Puntualizaron que no van a bajar las armas hasta en tanto las autoridades no asuman la responsabilidad de garantizar la seguridad, el retorno de los desplazados, el restablecimiento de los servicios de salud y educación, y se reparen los caminos rurales.
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