Texto: Jesús Saavedra/Fotografías: CDH Tlachinollan
Chilpancingo, Gro., 06 de junio (PlanB).- Viudas de la masacre de El Charco, antes municipio de Ayutla, denunciaron que este caso sigue en la impunidad y no se ha castigado a los efectivos y mandos militares que ocasionaron el asesinato de 10 indígenas, una estudiante, cinco heridos y 22 personas detenidas bajo graves violaciones a los derechos humanos.
El sábado se cumplen 27 años de este caso, pero este viernes se realizó un acto de una parte de las viudas que son asesoradas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En el acto que se realizó en el teatro hundido de la alameda, hicieron una remembranza de esta masacre que ocurrió hace 27 años en esa comunidad del recién creado municipio de Ñuu Savi.
Dijeron que en aquella ocasión, militares cercaron la comunidad del Charco y pueblos aledaños “y dispararon contra indígenas Tu’un Savi que pernoctaban en la escuela primaria indígena Caritino Maldonado Pérez”.
Señalaron que la incursión militar dejó un saldo fue de 10 indígenas Tu’un Savi y un estudiante de la UNAM asesinados, cinco heridos graves, entre ellos un niño, 22 detenidos y torturados entre los que se encontraban cuatro niños y una estudiante universitaria.
Denunciaron que “este artero crimen se encuentra en la impunidad; Las únicas causas penales que se abrieron fueron contra los indígenas del Charco. Los acusaron de rebelión, conspiración, terrorismo, acopio y portación de armas, la mayoría fueron sentenciados, pero no se abrió ninguna investigación por los 11 asesinatos, lesiones graves, detenciones arbitrarias y tortura contra los indígenas”.
Indicaron que por lo menos cuatro sobrevivientes al salir de prisión fueron asesinados “en condiciones que no se han investigado; después de la masacre el ejército mexicano mantuvo una fuerte presencia en la zona, cometiendo varias violaciones a los derechos humanos aplicando una estrategia de guerra preventiva o de baja intensidad. Las violaciones de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega forman parte de estas incursiones de contrainsurgencia llevada a cabo por militares. Esta represión y acoso militar disuadió y destruyó la organización autogestiva que estaban forjando las comunidades”.
Lamentaron que a la fecha “no hay verdad, justicia ni reparación del daño integral a las víctimas, mucho menos reparaciones colectivas a las comunidades cuyo proceso organizativo fue cercenado por las balas y posterior hostigamiento militar”.
Recordaron que el caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “pero en este organismo los trámites son tardados, máxime que a la fecha está debilitado por la embestida de varios gobiernos de las Américas, por lo que el horizonte de la justicia se avizora lejos aún”.
Se informó que un grupo de 33 indígenas entre viudas y sobrevivientes han solicitado una reunión con la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo “para expresarle la necesidad de justicia para las víctimas”.
