La verdadera accesibilidad no está solo en los apoyos, sino en la manera en que construimos nuestras decisiones, nuestras calles, nuestras escuelas y nuestras actitudes.
Por Miguel Ángel Millán*
* Miguel Ángel Millán es interventor educativo con discapacidad y asesor en tecnología adaptada.
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El 26 de julio se conmemora el aniversario de la Americans with Disabilities Act (ADA), Ley para Estadounidenses con Discapacidades en español, una ley firmada en 1990 que transformó radicalmente la vida de millones de personas con discapacidad en Estados Unidos. Esta legislación no solo garantizó el acceso a derechos civiles en igualdad de condiciones, sino que marcó un antes y un después en la forma en que la sociedad norteamericana entiende la discapacidad: no como un problema individual, sino como una responsabilidad colectiva de eliminar las barreras.
Estados Unidos ha logrado notables avances en inclusión porque reconoció, desde hace décadas, que la participación plena de las personas con discapacidad no es un favor ni una concesión, sino una obligación del Estado. Allá, el cumplimiento de la ley es vigilado y exigido por organizaciones, activistas y, lo más importante, por un sistema judicial que actúa. Las ciudades cuentan con transporte accesible, edificios con rampas, elevadores, señalética en braille, sistemas auditivos, y tecnología al servicio de la inclusión. Todo esto no ha sido gratuito ni inmediato: ha costado protestas, arrestos, huelgas y décadas de lucha, pero se ha logrado.
En México, por el contrario, aunque se han firmado tratados y existen leyes como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, promulgada en 2011, los avances reales son lentos, burocráticos y, muchas veces, meramente simbólicos. El acceso a una rampa en una escuela pública sigue siendo una odisea, el transporte público es inaccesible para muchos, y los apoyos económicos son insuficientes y politizados. Las personas con discapacidad no tienen voz en la toma de decisiones y, cuando la tienen, suelen ser utilizadas como fachada por partidos o instituciones. La inclusión en México sigue siendo un discurso más que una realidad.
Este 35 aniversario de la ADA es importante porque nos recuerda que los cambios estructurales no ocurren por voluntad espontánea, sino por presión social, organización comunitaria y un marco legal que sea exigible. Nos muestra que no basta con tener leyes bonitas, sino que se necesitan mecanismos reales de cumplimiento y una cultura social que abrace la inclusión como parte de su identidad.
Como sociedad mexicana, debemos aprender que la inclusión no se trata de compasión ni caridad, sino de justicia. Que el respeto por los derechos de las personas con discapacidad no es una moda ni un gesto de buena voluntad, sino un pilar fundamental de cualquier democracia que se diga moderna. Debemos dejar de ver a la discapacidad como algo «lejano» o «ajeno», porque cualquier persona puede convertirse en parte de esta comunidad en cualquier momento de su vida.
Es momento de escuchar a quienes han vivido la exclusión, de permitirles liderar el cambio, y de dejar de suponer que sabemos qué necesitan sin preguntarles. La verdadera accesibilidad no está solo en los apoyos, sino en la manera en que construimos nuestras decisiones, nuestras calles, nuestras escuelas y nuestras actitudes.
Si alguien desea entender cómo fue posible este cambio en Estados Unidos, recomiendo ver el documental «Campamento extraordinario: una revolución por la discapacidad» disponible en Netflix. Esta obra poderosa narra cómo un grupo de jóvenes con discapacidad se empoderó en un campamento en los años 70, y posteriormente se convirtió en la fuerza que impulsó la ADA.
