¿Está México listo para este compromiso? ¿Tenemos sistemas que incluyan, escuchen y prioricen a las personas con discapacidad?
Por Miguel Ángel Millán*
* Miguel Ángel Millán es interventor educativo con discapacidad y asesor en tecnología adaptada.
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Este 10 de junio de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzará una de sus más ambiciosas iniciativas: un esfuerzo global para mejorar la equidad en salud de las personas con discapacidad. Se trata de un paso crucial para una población históricamente marginada en los sistemas de salud del mundo, y que, según datos de la misma OMS, representa más del 16 por ciento de la población global, es decir, más de mil millones de personas.
La iniciativa busca combatir las múltiples barreras que impiden a las personas con discapacidad acceder en igualdad de condiciones a servicios de salud. Estas barreras van desde la inaccesibilidad física de los centros médicos, la falta de formación del personal sanitario, hasta la discriminación explícita o implícita que muchas veces enfrentan los pacientes con discapacidad. No se trata solo de mejorar rampas o intérpretes, sino de transformar por completo el enfoque de la atención médica hacia uno verdaderamente inclusivo.
El informe mundial sobre discapacidad de la OMS ya había advertido hace tiempo que las personas con discapacidad tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir condiciones de salud desfavorables, incluyendo enfermedades crónicas, infecciones y accidentes. Por ejemplo, tienen hasta tres veces más probabilidades de que se les niegue atención médica y hasta cuatro veces más de ser tratados de manera inadecuada. En países de bajos y medianos ingresos, esta desigualdad es aún más alarmante.
Pero el acceso a la salud no es un privilegio, es un derecho. Y no puede depender de la capacidad de caminar, ver o escuchar. La OMS ha señalado que los servicios de salud deben diseñarse desde una lógica de «ajuste universal», es decir, servicios que funcionen para todos, no solo para los cuerpos normativos. Esto implica adaptar protocolos médicos, crear políticas de inclusión claras y monitorear el impacto de estas acciones desde una perspectiva de derechos humanos.
Esta nueva iniciativa de la OMS, que contará con la colaboración de gobiernos, organizaciones civiles y personas con discapacidad, parte de un principio esencial: nada sobre nosotros sin nosotros. Incluir la voz de quienes viven la discapacidad día a día en la toma de decisiones no es una concesión, es una necesidad ética y práctica. La experiencia de los propios usuarios del sistema puede señalar deficiencias y proponer soluciones mucho más eficaces que cualquier análisis técnico.
Abordar la equidad en salud también implica reconocer la diversidad dentro de la discapacidad misma. No es lo mismo una persona con sordera que una con parálisis cerebral, y tampoco lo es en contextos urbanos que rurales. Por eso, los planes deben ser sensibles al entorno, adaptables y con financiamiento sostenido. No basta con buenas intenciones o programas piloto: se necesita voluntad política, recursos reales y un monitoreo transparente.
El lanzamiento de esta iniciativa no es solo una noticia internacional: es una oportunidad para que los países revisen sus políticas de salud pública con ojos más justos. ¿Está México listo para este compromiso? ¿Tenemos sistemas que incluyan, escuchen y prioricen a las personas con discapacidad? Las respuestas no pueden postergarse más.
Porque si el derecho a la salud es universal, entonces su acceso también debe serlo. No como un ideal lejano, sino como una realidad urgente.
