Redacción
Ciudad de México, 21 de octubre (PlanB).- Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) escucharon este lunes, en un ejercicio inédito, a cerca de 30 personas con discapacidad. Los participantes defienden su derecho a la consulta obligatoria antes de que el Poder Legislativo apruebe leyes que los afecten directamente.
La jornada, que se prolongó por cuatro horas y media, marcó el primero de tres días de audiencias públicas para atender a 102 integrantes de asociaciones civiles y la academia. La demanda fue unánime: el Pleno no debe aprobar el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Dicho proyecto resuelve la acción de inconstitucionalidad 182/2025 y establece que la SCJN no invalide en automático las leyes por falta de consulta previa, siempre que estas amplíen los derechos de las personas con discapacidad.
Saori Beatriz Pérez Milo, quien vive con autismo, advirtió que la propuesta ministerial elimina la obligación de consultar a las personas con discapacidad antes de aprobar leyes. Afirma que esta acción las vuelve a excluir de las decisiones sobre su propia vida y contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“La consulta es un derecho, no una opción”, afirmó Pérez Milo. Criticó el uso político de su sector: “Para las fotos y los votos todos aman el autismo y cualquier tipo de discapacidad, pero cuando se trata de garantizar derechos desaparecemos de las mesas de decisión”.
La audiencia incluyó participantes presenciales y a distancia, quienes viven con discapacidad motriz, visual y auditiva, con apoyo de intérpretes de lengua de señas. Ángel Ibarra Jasso advirtió, por videollamada, que la propuesta de Batres podría restringir derechos. La iniciativa plantea que las comisiones de derechos humanos solo impugnen normas cuando lo soliciten, con firmas, al menos 15 personas afectadas.
“Esta parte de que solamente las personas con discapacidad puedan firmar o no acerca de una acción de inconstitucionalidad se me hace un poco peligroso por la persecución política que pueda existir”, expresó Ibarra Jasso.
La socióloga Patricia Claudia Brogna, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacó la obligación constitucional de los congresos de consultar a este sector antes de legislar. Subrayó que se debe establecer un mecanismo que sean las propias autoridades quienes busquen a las personas con discapacidad.
“Me parece que la propuesta de la ministra Batres, en realidad, habilita un debate mucho más profundo de cómo garantizar el derecho a consulta, no tanto un procedimiento”, expuso Brogna. Alertó que si no se invierte la carga de la prueba, las personas y organizaciones tendrán que hacer el trabajo de revisar las leyes e impugnar, revictimizando su condición.
Durante el debate, algunas personas expusieron situaciones no relacionadas con el tema central, por lo que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, solicitó ceñirse al debate. Aclaró que el ejercicio era una audiencia, no una consulta, ya que esa obligación recae sobre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
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