-En lugar de garantizar un transporte seguro para todos, el Estado ha optado por dividirnos, asignando espacios según el género y la edad, pero ignorando otros factores igual de importantes.
Por Miguel Ángel Millán*
* Miguel Ángel Millán es interventor educativo con discapacidad y asesor en tecnología adaptada.
En la Ciudad de México, el 2 de octubre de 2025, un hecho volvió a encender el debate sobre la verdadera inclusión en los espacios públicos. En la estación Merced del Metro, policías retiraron con fuerza a una persona con discapacidad visual por encontrarse en el vagón exclusivo para mujeres y menores de 12 años. La escena fue grabada y difundida ampliamente, generando opiniones divididas entre quienes defendían la norma y quienes señalaban el abuso de autoridad. Pero más allá del incidente, lo ocurrido nos obliga a mirar con atención lo que hay detrás de estos espacios “exclusivos” que, bajo el discurso de protección, terminan por excluir.
La existencia de vagones exclusivos para mujeres nació como una medida para reducir el acoso sexual en el transporte público. En teoría, la idea buscaba ofrecer un entorno más seguro para quienes han sido víctimas de violencia cotidiana. Sin embargo, esta política no deja de ser una solución temporal y superficial a un problema estructural: la inseguridad y la falta de educación social. En lugar de garantizar un transporte seguro para todos, el Estado ha optado por dividirnos, asignando espacios según el género y la edad, pero ignorando otros factores igual de importantes.
¿Una persona con discapacidad no es acaso también una persona en riesgo? ¿O es que su seguridad y dignidad valen menos que la de los demás usuarios? Este caso expone el vacío en las políticas de exclusividad, donde los reglamentos se aplican con rigidez pero sin sentido común, y donde la empatía brilla por su ausencia. Resulta contradictorio que un sistema que presume de “inclusivo” sea el mismo que empuja fuera de un vagón a quien más necesita apoyo.
Imaginemos ahora otras situaciones: si una mujer viaja con su pareja, un hombre con discapacidad, ¿debe él hacerlo en otro vagón? ¿Y si un padre con discapacidad visual lleva a su hija de ocho años a la escuela, en qué espacio debería viajar? Estas preguntas, que parecen simples, revelan la falta de sensibilidad y criterio en la aplicación de normas que pretenden ser justas, pero que en la práctica terminan discriminando.
La exclusividad, cuando se lleva al extremo, se convierte en segregación. Y esa segregación, aunque se disfrace de medida preventiva, no deja de fragmentar el tejido social. Nos acostumbra a ver al otro como una amenaza, no como alguien con los mismos derechos. La verdadera inclusión no debería basarse en dividir, sino en garantizar seguridad, accesibilidad y respeto para todos los usuarios, sin importar su condición física, género o edad.
Las autoridades han utilizado el argumento de la “protección de grupos vulnerables” para justificar este tipo de políticas. Pero en realidad, lo que hacen es cubrir su incapacidad de brindar seguridad. Si las personas pudieran viajar sin miedo al acoso o a la violencia, no habría necesidad de transportes exclusivos.
Todos merecemos transportes seguros, accesibles y de calidad, no por separado. Es hora de dejar de aceptar medidas que nos enfrenten entre nosotros. Defender los derechos de un grupo no debe implicar negar los de otro.
No caigamos en el engaño de creer que los espacios exclusivos son un avance, cuando en realidad son el disfraz de un sistema que sigue fallando en protegernos por igual. La seguridad no debería tener género, ni condición, ni restricción. Debería ser un derecho compartido, no un privilegio dividido
