Francisca Meza Carranza
Chilpancingo, Gro., 10 de junio (PlanB).- La presidenta de la Comisión para la Atención de Personas con Discapacidad del Congreso del Estado, Leticia Rodríguez Armenta, propuso impulsar una reforma que obligue a concesionarios de transporte público a otorgar el servicio gratuito o con descuento para adultos mayores y personas con discapacidad.
Durante las intervenciones tras la sesión de este martes, abordó el tema Transporte público sin barreras: un derecho para adultos mayores y personas con discapacidad, en el que mencionó que en algunas entidades el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) ha logrado descuentos en transporte, incluso en aviones.
Dijo que en Guerrero, como en otros estados del país, la situación es distinta, pues en un tema limitado al criterio del chofer o a la buena voluntad de una empresa privada, cuando la movilidad no es un lujo sino un derecho, y en el caso de personas con discapacidad es algo nulo.
“Si el transporte público no es accesible ni gratuito para quienes más lo necesitan, entonces ese derecho está siendo negado de manera sistemática. La falta de accesibilidad al transporte se traduce en aislamiento, en exclusión, en pobreza, en enfermedad y en desigualdad estructural”, expresó.
Dijo que la movilidad no puede depender del código postal y no se debe permitir que en unos estados se reconozca el derecho y otros no, por lo que llamó a las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la de Bienestar, y a las legislaturas estatales, a trabajar de manera coordinada y acelerar la implementación de una política nacional que garantice transporte público gratuito o con descuento para ese sector.
Propuso que estas inicien una mesa de trabajo interinstitucional con el Congreso de la Unión para crear una política marco, con lineamientos técnicos, jurídicos y presupuestales que permitan a cada estado adaptar sus sistemas de transporte a este objetivo común.
En el caso de Guerrero reiteró que se estima que unas 425 mil personas son adultas mayores, mientras que personas con discapacidad, de acuerdo con el INEGI, son más de 213 mil personas las que se identifican con alguna discapacidad.
Por ello, a nivel estatal, propuso que desde el Congreso se impulse una reforma que obligue a dar ese beneficio en todas las rutas y modalidades del transporte.
«El cumplimiento de esta obligación debería estar vinculado a la renovación de concesiones, a incentivos fiscales y a subsidios directos para empresas socialmente responsables”, indicó.
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