Redacción
Acapulco, 01 feb (PlanB).- El secretario general del ayuntamiento, José Juan Ayala Villaseñor reiteró que el movimiento de trabajadores y ex trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) son acciones ilegales y dijo que la administración no puede permitir ese tipo de presiones.
En conferencia de prensa efectuada el martes, el funcionario municipal señaló que tanto el plantón realizado por un grupo afuera del Palacio Municipal y el movimiento de ex trabajadores de la CAPAMA son acciones ilegales porque “ningún trabajador puede declararse en huelga sin que antes esto haya sido avalado por un tribunal en materia laboral”.
Aseguró que en ambos casos se les ha ofrecido liquidarlos confirme a derecho y sin embargo lo han rechazado.
Detalló que las direcciones de Recursos Humanos y de Administración y Finanzas del organismo han planteado una liquidación de 100 por ciento como lo marca la ley y que incluso se elaboraron los cheques, pero fueron rechazados por los manifestantes.
“Todos los derechos laborales, de todas las personas que están en esta circunstancia están salvaguardados”, aseguró.
Adelantó que en próximos días esos cheques serán presentados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de parte de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y la Consejería de Asuntos Jurídicos de la CAPAMA, con lo que el gobierno municipal solventaría su obligación de liquidar como lo establece la Ley Federal del Trabajo, y los ex trabajadores podrán ir a recogerlos cuando así lo decidan.
Respecto a las personas que se instalaron afuera del Ayuntamiento Ayala Villaseñor reveló que el ciudadano Manuel Alcaraz Vázquez fue dado de baja el mes pasado porque contaba con 16 administrativas por no presentarse a trabajar mientras que Reynaldo Gutiérrez Cruz, León Felipe Mejía y Oscar Almeda Cruz, quienes exigen su reinstalación, fueron dados de baja en los años 2014, 2018 y 2021, respectivamente.
En el caso de la CAPAMA Ayala Villaseñor informó que todos los integrantes de ese movimiento fueron dados de baja en pasadas administraciones.
En este contexto, informó que los ciudadanos José Martín Martínez Luna y Rosalinda Gutiérrez Terrones, quienes lideran el movimiento, son cónyuges y tenían incluidos en la nómina a dos hijos, lo que costaba a la paramunicipal, cerca de 30 mil pesos quincenales.
Aunado a ello, el secretario reveló que 6 familiares de la pareja también estaban en la plantilla y se corroboró que no devengaban su salario.
Como dato adicional, el secretario general del Ayuntamiento informó que José Martín, ya había sido dado de baja por la administración anterior y hace dos años recibió una indemnización por un 1 millón 600 mil pesos aproximadamente, y además fue reinstalado junto a su esposa, hijos y 6 familiares a la nómina de la CAPAMA por la administración anterior.
Ayala Villaseñor, negó que se violen los derechos laborales de las personas y puntualizó que “la administración no se puede permitir por presiones de esta naturaleza, seguir manteniendo trabajadores que no se presentan a sus centros de trabajo, que no son necesarios para el desarrollo de sus actividades y que sin embargo, tenemos que cargar con esos costos”.
