Francisca Meza Carranza
Chilpancingo, 08 mar (PlanB).- El sargento segundo de Infantería del Ejército Mexicano, Hugo Humberto García de León, fue sentenciado a 20 años de prisión por los delitos de tortura, violación, robo y allanamiento de morada cometidos contra la indígena me´phaa Inés Fernández Ortega ocurrido en Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, en 2002.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que asumió la defensa, informó que la sentencia condenatoria fue dictada el primero de marzo por el Juez Segundo de Distrito del Estado de Guerrero tras casi 21 años de lucha, y reconoció la honorabilidad y el valor de Inés, quien no se amedrentó a pesar de las amenazas y el sufrimiento padecido al lado de sus hijos.
“La sentencia emitida por el Juez segundo de Distrito le da la razón a Inés y reivindica su palabra. Es una mujer que siempre habló con la verdad. Esta resolución incorpora los principios para juzgar con perspectiva de género, para valoración en su justa dimensión las pruebas en casos de violencia contra las mujeres, toma en cuenta la intersección de discriminaciones que sufre la mujer indígena y las relaciones asimétricas que existen frente a las autoridades militares que las agreden”, expresó el Centro en un comunicado.
El Centro de Derechos Humanos consideró que la sentencia llega a romper la impunidad en un contexto en el que el Ejército Mexicano fue dotado con marco jurídico que le permite asumir tareas de seguridad. Expresó que el caso muestra con nitidez lo que ocurre cuando las fuerzas armadas asumen tareas de seguridad pública sin controles civiles que los obligan a rendir cuentas.
Lucha emblemática
A la fecha Inés Fernández Ortega tiene medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el riesgo inminente de ser privada de la vida junto con su familia; su lucha le ha costado el asesinato de su hermano Lorenzo, así como la muerte constante de sus animales.
Fue el 22 de marzo de 2002 cuando Inés Fernández Ortega fue abusada por militares. Ese día estaba en su casa con cuatro de sus pequeños hijos cuando irrumpieron y la interrogaron pero al no tener respuesta fue golpeada salvajemente, la violaron y torturaron sexualmente.
A partir de este momento la indígena junto con su familia inició el camino en busca de la justicia que no encontró en ministerios públicos y centros de salud de Ayutla, por lo que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana, en donde fue escuchada.
En agosto 2010 el Tribunal de las Américas dictó sentencia contra el Estado Mexicano por haber violado los derechos de Inés y su familia, y lo obligó a sancionar a los responsables y a reparar de manera integral los daños.
En los casi 20 años de lucha incansable, Inés Fernández ha tenido la fuerza y el valor para abrirse paso en esta montaña de agravios, a múltiples actos de discriminación por su etnicidad, vulnerabilidad económica y por su género.
“Esta lucha emblemática es un triunfo para las mujeres que luchan en México contra la militarización contra la violencia institucional castrense y que han entregado su vida para que nunca más se atente contra la dignidad de las mujeres”, destacó Tlachinollan.
