Jesús Saavedra
Chilpacingo, Gro., 21 de mayo (PlanB).- El Colectivo sobre Desplazamiento Forzado Interno y más de 40 organizaciones de 11 estados del país exigieron a los tres niveles de gobierno que dejen de ser omisos y negligentes “ante los graves ataques de la delincuencia organizada, han provocado el desplazamiento forzado de comunidades nahuas en la región de la Montaña en el municipio de Chilapa, en Guerrero.
Esas organizaciones fijaron una postura de la violencia que obligó a centenares de personas a huir de sus comunidades ante ataques violentos con armas de fuego y drones que lanzaron explosivos en Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozoacan.
Señalaron que no es la primera ocasión que ocurren estos ataques y que los despliegues de seguridad han sido “reactivos, temporales, predominantemente militarizados, pero detrás permanece el abandono institucional, la fragmentación comunitaria y la ausencia de políticas preventivas y sostenidas”.
Lamentaron que no haya “planes integrales de retorno seguro, reconstrucción comunitaria ni garantías efectivas de no repetición. Predominan acciones tardías, asistencialistas y fragmentadas que no permiten a las familias recuperar sus proyectos de vida ni restablecer condiciones básicas de dignidad y seguridad”.
Señalaron que los eventos de desplazamiento forzado en el país “continúan multiplicándose y el Estado no puede continuar soslayando esta realidad sin poner en riesgo la gobernabilidad territorial, la vigencia del estado de derecho y con ello, la soberanía nacional”.
Por ello exigieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que haya garantías de seguridad e integridad física permanentes; se instalen mecanismos eficaces entre las fuerzas federales y protección civil en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán “para detener las incursiones armadas y el hostigamiento criminal de manera definitiva”.
Pidieron además que se brinde “atención humanitaria inmediata e integral con enfoque de género, edad y diversidad; suministrar de inmediato alimentos, refugios seguros y regularización educativa para niñas, niños y adolescentes”.
Que se les de “atención a personas y comunidades desplazadas sin condicionamiento de la denuncia penal; facilitar el acceso al Sistema Nacional de Atención a Víctimas y al Registro Nacional de Víctimas, se debe eliminar de manera inmediata la exigencia de una denuncia penal como condición para recibir asistencia material y de protección”.
Le piden al gobierno federal que haya un diálogo “con participación directa y representativa de las víctimas, autoridades comunitarias, actores sociales reconocidos en la región y organizaciones acompañantes” y se les de atención con un protocolo especializado en salud mental y apoyo psicosocial.
Advirtieron que van a continuar “señalando la falta en que incurre el Estado Mexicano al no promulgar una Ley general contra el Desplazamiento Forzado Interno en México, que lo tipifique como delito, conforme un registro nacional de personas desplazadas internas y establezca las competencias institucionales para la prevención, atención y restitución de derechos violentados por esta grave violación a los derechos humanos”.
