Bernardo Torres Morales
Chilpancingo, Gro., 24 de mayo (PlanB).- El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón exigió a los tres niveles de gobierno garantías de seguridad y atención integral a los desplazados por la violencia en el Municipio de Chilapa de Álvarez.
Consideró que en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán se vive una seria crisis humanitaria donde existe omisión por parte de las autoridades.
A través de un comunicado exigieron a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, el cumplimiento de sus responsabilidades.
Una de ellas es el cumpliento puntual de lo que mandata el Articulo 1º Constitucional, que establece que todas las personas en el país gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Garantiza la igualdad, prohíbe la discriminación y obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos: Igualdad y No discriminación.
Asimismo, prohíbe cualquier discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil.
Obligaciones de las autoridades
El deber que las autoridades tienen es de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Principio Pro Persona
Mandata que todas las normas relativas a derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las persona.
Centro Morelos exigió también la aplicación de las normas internacionales en materia del desplazamiento interno y el marco jurídico y normativo de México, diseñado para salvaguardar a las personas vulnerables, centrándose especialmente en la Ley General de Víctimas de México y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas.
Señala que estos documentos establecen que el Estado tiene la obligación primaria de garantizar la protección, asistencia y reparación integral de quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos o delitos.
En esos instrumentos se definen conceptos fundamentales como la dignidad humana, la no criminalización y el enfoque diferencial para grupos con mayor vulnerabilidad, como mujeres y niños.
Asimismo, se detallan derechos específicos que incluyen el acceso a la justicia gratuita, la búsqueda de la verdad y el suministro de servicios básicos durante el desplazamiento.
Expone que las normativas exigen que las autoridades actúen bajo principios de buena fe y debida diligencia, asegurando que las víctimas sean tratadas como sujetos plenos de derecho en todo momento.
Finalmente, demandan el cumplimiento de las demandas de las comunidades de Xicotlán, Tula, Acahuehuetlán y Alcozacán planteadas a través de las organizaciones integrantes de la Misión Civil de Observación realizada del 22 – 24 de mayo de 2026.
