Nota: El Economista
Ramírez fue vinculado por los delitos de tortura y desaparición forzada en contra de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, sicario de Guerreros Unidos, acusado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El juez de control Juan José Hernández Leyva vinculó a proceso a Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de las extintas Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y Procuraduría General de la República, por los delitos de tortura y desaparición forzada en contra de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, sicario de Guerreros Unidos acusado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El juzgador encontró elementos preliminares de la participación de Gualberto Ramírez Gutiérrez en actos de tortura en contra de “El Cepillo” cuando en 2015 fue detenido en Morelos y posteriormente trasladado a la Seido. En estos hechos también se acusa la participación de Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.
Rodríguez Salgo se convirtió en testigo protegido del caso y absuelto por un Tribunal Colegiado- fue torturado en enero de 2015 durante un interrogatorio.
La actual Fiscalía General de la República (FGR) presume que en el interrogatorio, Felipe Rodríguez Salgado fue amenazado de muerte para que cooperara con las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Una de sus pruebas es una grabación que circuló en redes sociales donde aparece el “Cepillo” sentado, esposado y encapuchado, y siendo interrogado y amenazado por Tomás Zerón, quien se encuentra prófugo de la justicia en Israel, aunque las autoridades mexicanas ya solicitaron al gobierno de ese país su extradición para ser juzgado por presuntos actos de tortura.
La semana pasada, Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes dijo a El Economista que todavía faltan por ser detenidas cerca de 10 personas involucradas entre Zerón y personal de investigación como peritos, agentes federales y policías.
También mencionó que existen promesas del actual gobierno federal para dar claridad en el caso y que hay varias “hipótesis que tienen las autoridades, pero ninguna de ellas tiene la fortaleza suficiente como para poder brindar verdad a las madres y padres”.
