Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 05 de abril (PlanB).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” lamentó que el gobierno que encabeza, Claudia Sheinbaum Pardo haya rechazado el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la ONU en donde se sostiene que en México se cometen crímenes de lesa humanidad por los miles de casos de desaparición forzada en nuestro país.
“Tlachinollan” fijó una postura este fin de semana, luego que el viernes el CED pidiera formalmente al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, que presente a la Asamblea General la situación que atraviesa México en materia de desaparición forzada de personas.
El CED alcanzó esta decisión después de analizar la solicitud presentada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), que expuso decenas de casos paradigmáticos sobre desaparición forzada en los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco.
Ante esa solicitud, el gobierno de México presentó una serie de argumentos y con esa información disponible, “el CED encontró que hay indicios bien fundados para determinar que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad mediante ataques a la población civil perpetrados por autoridades del Estado o grupos delincuenciales”.
Afirmaron que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan respaldamos la decisión alcanzada por el CED, ya que avala lo que ha sido documentado por la sociedad civil durante décadas”.
Indicaron que desde la llamada guerra sucia en la década de los 70, “el Estado mexicano ha utilizado la desaparición forzada como un método de represión política. Además, en el presente siglo, ha permitido que sus agentes y los grupos delincuenciales, muchas veces en contubernio, delincan de la manera más atroz sin enfrentar consecuencias. Es decir, el CED no está creando una situación: simplemente narra, bajo términos de derecho internacional público, la situación que el país atraviesa desde hace años”.
Ese organismo lamentó “la respuesta del Estado Mexicano frente a esta decisión deja mucho que desear. Frente a la oportunidad histórica de reconocer la crisis de desapariciones y forense que atraviesa el país y acceder a un poco explorado ambiente de cooperación técnica y financiera internacional, el Estado decidió utilizar la ya desgastada técnica de descalificar a un organismo internacional que cuenta con acreditada legitimidad en la materia”.
Finalmente consideraron que “todavía hay tiempo de rectificar, pues el posible envío de la situación a la Asamblea General de la ONU generaría condiciones de escrutinio internacional pocas veces vistas en nuestro país en materia de derechos humanos”.
