Se trata de una propuesta del senador Ricardo Monreal para incluirlas en la comunidad, con la libertad de elegir y controlar su vida
Para que cualquier restricción o limitación a las personas a su derecho de vivir de forma independiente se considere como discriminación, las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron una reforma al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Se trata de una propuesta que presentó el senador Ricardo Monreal Ávila, a fin de proteger a las personas con discapacidad.
El dictamen de las comisiones que presiden la senadora Kenia López Rabadán y el senador Rafael Espino de la Peña pretende garantizar el derecho, en igualdad de condiciones, de todas las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, con la libertad de elegir y controlar su vida.
“La independencia en la vida de las personas con discapacidad es vital, ya que les permite desarrollar al máximo sus propias capacidades y habilidades que les posibilitan en la medida de lo posible tener control sobre sus decisiones y acciones”, consideraron las y los senadores.
López Rabadán detalló que para el análisis y dictaminación de esta iniciativa, se realizó una consulta de manera digital y presencial con este sector de la sociedad, tal y como lo marca la ley.
En este sentido, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, celebró que para este proyecto y otros que se discutieron este martes, se hayan escuchado las voces de las personas discapacitadas.
“Haber hecho la consulta digital me parece muy importante. Distintas organizaciones de la sociedad civil han manifestado la importancia de ese hecho, porque no sólo es un asunto de Parlamento Abierto, sino de legislar de manera conjunta para revertir los retrasos que tenemos en la materia”, señaló.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen 7.7 millones de personas con algún tipo de discapacidad, de los cuales 54.2 por ciento corresponde a mujeres y 49.9 por ciento a adultos mayores.
“Este sector de la población enfrenta innumerables barreras para ejercer plenamente sus derechos humanos, incluyendo los concernientes a la salud, al trabajo, a la educación, al igual reconocimiento como persona ante la ley, a la participación política y a vivir de manera independiente”, subrayaron los senadores en el dictamen.
Además, el INEGI detalla que 25 de cada 100 personas discapacitadas en el país, mayores de 12 años, han sido víctimas de discriminación al menos una vez en el año.