Nota El País
El presidente de México se ha vuelto a poner este jueves del lado del Ejército. Andrés Manuel López Obrador ha salido a defender durante su conferencia mañanera a las instituciones que han tomado cada vez más poder durante su mandato al frente del Ejecutivo. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha investigado el caso Ayotzinapa durante los últimos ocho años, ha concluido este martes sus indagaciones después de llegar a un corredor sin salida, y acusa al Ejército de no proporcionar información esencial que podría ayudar al esclarecimiento de la desaparición hace casi 10 años de los 43 estudiantes normalistas.
López Obrador ha dicho que respeta su punto de vista, pero que no lo comparte. “No hay impunidad, no es cierto que la Marina y la [Secretaría de la] Defensa no estén ayudando. Si se ha avanzado, es precisamente por la colaboración” de estas instituciones, “y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad”, ha asegurado el presidente desde su tribuna. El Gobierno de Morena ha dado un impulso a las investigaciones con la creación de una fiscalía especial y una comisión gubernamental dedicada al caso. Las nuevas pesquisas desmontaron la versión del gobierno anterior, incluido el encarcelamiento del exprocurador general, Jesús Murillo Karam, y la detención de varios militares.
El nuevo rumbo de la investigación se vio bloqueado el año pasado por distintas presiones. El GIEI es un organismo que durante estos años ha mantenido la confianza de los padres de los desaparecidos y de la comunidad internacional. Su trabajo ha aportado rayos de luz que han permitido iluminar este caso desde que los estudiantes desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
En su última entrega de resultados, el grupo, que depende de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), el Ejército protagoniza más de la mitad del informe. Los investigadores Ángela Buitrago y Carlos Beristáin criticaron, durante su última conferencia este martes, las resistencias del Ejército para entregar información, datos que podrían haber ayudado en la búsqueda de los estudiantes. Esta institución sigue escondiendo oficios y comunicados internos que el GIEI, gracias a la existencia de otros documentos, sabe que existen. Aun así, la respuesta del Ejército es siempre la misma: no los encuentran.
López Obrador, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, al principio de su sexenio se comprometió con ayudar a los padres y ordenar a las instituciones involucradas que compartieran la información necesaria para dar con la verdad. Ahora defiende que no se puede manchar toda una institución por el mal comportamiento de funcionarios del pasado. “Una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios públicos”, ha dicho el presidente. “Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. Hay como 115 detenidos”.
Antes de presentar su último informe, Beristáin y Buitrago se reunieron con el presidente. Los únicos investigadores que seguían con el caso (los otros tres habían desistido) hablaron sobre la falta de colaboración de las autoridades con sus peticiones de información. Beristáin contó en W Radio que el presidente, simplemente, les pidió que presentaran lo que tenían hasta el momento, pero no dijo nada sobre la falta de colaboración de las instituciones bajo su mando. “Sabemos que hay mucha más documentación que podría ayudar al esclarecimiento del caso, pero nos hemos encontrado con la negación de la Secretaría de la Defensa”, sentenció el investigador.
El último informe del GIEI presenta un mapeo de los movimientos de los militares presentes en el lugar de los hechos durante el ataque, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. El seguimiento realizado permite concluir que, aquellos días, el reparto de responsabilidades supera al ámbito castrense y alcanza a las distintas autoridades de Iguala. El Ejército y los cuerpos policiales tenía el control sobre los movimientos de los estudiantes antes incluso de que entraran a Iguala.
En la presentación del informe, Beristáin ha dicho: “Las últimas revelaciones amplían la perspectiva del caso. Hay muchos obstáculos que se necesitan superar, todavía. El desafío ha sido monumental. El informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de los distintos niveles del Estado en el ataque de los 43″. El empuje del GIEI ha sido clave para entender mejor la red criminal de autoridades y delincuentes que atacó a los estudiantes normalistas de la Escuela de Ayotzinapa, frente a las investigaciones de la Fiscalía General de la República, que siempre han ido a rebufo de los descubrimientos del GIEI y después de la presión constante de los padres de las víctimas.
