* La voz de Rosales molesta al poder militar porque todo apunta a ellos en el caso de los 43 desaparecidos.
Redacción
Guerrero, 17 de octubre de 2022 (PlanB).- Organizaciones estatales y nacionales de defensa de los derechos humanos advirtieron de una inminente acción judicial “o de otra índole” contra el abogado del Comité de Padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, para silenciarlo luego de que todas las investigaciones en el caso Ayotzinapa apuntan al Ejército, gobernantes y políticos de alto nivel.
Mediante un comunicado conjunto las más de 100 organizaciones indican que en las recientes filtraciones de los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional relacionan también al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Abel Barrera, al abogado Rogelio Téliz García, y al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, con secuestros y extorsiones.
Informaron que de acuerdo con una nota publicada en el portal La Silla Rota, el Ejército se refiere al Cecop como el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, lo cual es falso y exhibe la incapacidad de sus cuerpos de inteligencia, pues la relación entre Vidulfo Rosales con el CECOP fue por la defensa de la tierra ante la imposición de la presa de La Parota.
“La lucha de las madres y padres de los 43 amenaza con colocar al ejército en el banquillo de los acusados y la voz y denuncia permanente del compañero Vidulfo ha sonado con estridencia al grado que molesta al poder militar que ahora da un manotazo para acallar voces incómodas y vigilar a los que considera enemigos realizando impunemente señalamientos infundados”, indican.
Las organizaciones exigieron el cese al hostigamiento y la inminente represión que auguran contra Vidulfo Rosales, Abel Barrera, Marco Antonio Suástegui y Rogelio Téliz.
“Que se den garantías para que continúen con su labor de defensores de derechos humanos y se realicen investigaciones contra el Ejército Mexicano por realizar operaciones de seguimiento y vigilancia ilegales”.
