Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 01 de junio (PlanB).- A 13 años de la desaparición forzada y asesinato del fundador del PRD en Guerrero, Arturo Hernández Cardona la Red Solidaria Década Contra la Impunidad denunció que sus familiares siguen sin tener justicia y el castigo pleno de los responsables de esos delitos.
Este lunes esa Red que acompaña a la familia de Hernández Cardona recordó que este domingo se cumplieron 13 años de que el dirigente de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ) y de la Unidad Popular, “fue víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en Iguala, junto con otros activistas, después de encabezar una protesta social. Su cuerpo, con evidentes signos de tortura, fue localizado el 3 de junio de del 2013”.
Indicaron que su esposa, Carolina Mena Marchán, y sus hijas María Soledad, Reina y Carolina Hernández Mena, “llevan trece años exigiendo justicia sin obtener respuesta del Estado mexicano; trece años han transcurrido y la impunidad persiste”.
Recordaron que la autoría intelectual del crimen y su ejecución “ha sido señalado por testigos el expresidente de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, pese a encontrarse privado de su libertad, Abarca continúa impugnando su situación jurídica”.
Indicaron que en 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a la Red “un avance procesal de gran relevancia en el Caso 14.873: el expediente se encuentra procesalmente listo en la etapa de fondo. Esto, en razón de que el Estado mexicano no presentó sus observaciones dentro del plazo otorgado, lo que habilitó a la CIDH para debatir y pronunciarse sobre el fondo del caso con base en la información obrante en el expediente”.
Señalaron que la familia de Arturo Hernández Cardona “han sostenido durante más de una década: la CIDH podrá emitir un Informe de Fondo en el que determinará si el Estado mexicano es responsable internacionalmente por la violación de los derechos humanos de Arturo Hernández Cardona y sus familiares. La Secretaría Ejecutiva de la CIDH planifica la elaboración de dichos informes conforme al criterio cronológico”.
Y que se “avance confirma la solidez del caso construido durante más de una década de litigio estratégico y documentación; reiteramos nuestro exhorto al Estado mexicano para que, en este trece aniversario, asuma sus obligaciones convencionales: investigar con debida diligencia, sancionar a todos los responsables, garantizar reparación integral a las víctimas y adoptar medidas de no repetición”.
Subrayaron que Hernández Cardona “fue un destacado activista y defensor de derechos humanos de Guerrero, dirigente de la UPEZ y de la UP, exdirigente del PRD, dedicó su vida a luchar por los derechos de campesinos y comunidades vulnerables frente al poder municipal. Exigió justicia y verdad para las masacres de Aguas Blancas y El Charco, y junto con otros activistas sociales, (entre ellos el ya fallecido Bertoldo Martínez Cruz) demandó la entrega del cuerpo del comandante Ramiro, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), para sus honores fúnebres; la ejecución de Arturo, perpetrada como represalia por su activismo, constituye un crimen de Estado que continúa impune”.
La Red demandó el “cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la CIDH a favor de los familiares y testigos, quienes continúan siendo objeto de hostigamiento; la emisión del Informe de Fondo, que la CIDH proceda a emitir dicho informe a la brevedad; el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Arturo Hernández Cardona”, añadieron.
