Jesús Saavedra
Chilpancingo, Gro., 04 de jun (PlanB).-A unos días que se cumplan 28 años de la masacre de El Charco, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad denunció que ese grave hecho sigue impune y el Estado mexicano se niega a castigar a los militares responsables.
Este jueves la Red emitió un comunicado para recordar que el 7 de junio de 1998 fuerzas de élite del Ejército irrumpieron a balazos en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez de la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, y el resultado fue de 11 personas «fueron ejecutadas diez indígenas ñuu savi y un estudiante universitario; cinco quedaron heridas y veinticinco fueron detenidas y trasladadas a la IX Región Militar de Acapulco, donde denunciaron haber sido torturadas y obligadas a firmar declaraciones».
El domingo se cumplen 28 años de esas masacre y reprocharon que a la fecha «ningún responsable ha sido sancionado; es la única matanza de la segunda mitad del siglo XX en México que no tuvo juicio, ni fiscalía especial, ni ningún mecanismo de justicia transicional».
Una de las sobrevivientes, ex combatiente del ERPI y ex presa por este hecho, dio testimonio que las 11 personas que perdieron la vida fueron ejecutadas, pues ante la superioridad de las fuerzas armadas decidieron rendirse y aún así los militares siguieron atacándolos a balazos.
Señalaron que desde el 2012 esperan una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia en donde fueron denunciados estos crímenes de lesa humanidad «el caso se encuentra actualmente en etapa de fondo.
Ericka Zamora Pardo, Efrén Cortes Chávez y la familia de Ricardo Zavala Tapia, reiteran su exigencia de que, una vez concluido el informe de fondo de la CIDH, el caso sea remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obtener una sentencia vinculante que obligue al Estado mexicano a investigar, sancionar a los responsables y garantizar la no repetición».
En ese contexto exigieron que la CIDH emita a la brevedad posible el informe de fondo en el caso P-1315-12 y, de acreditarse las violaciones, lo remita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Demandan la identificación, juzgamiento y sanción penal de los generales Juan Alfredo Oropeza Garnica y Luis Humberto López Portillo Leal, y de todos los mandos y elementos del Ejército Mexicano responsables de las ejecuciones extrajudiciales y la tortura.
Asimismo, el reconocimiento de responsabilidad del Estado Mexicano ante las familias de las once personas ejecutadas, los cinco heridos y los veinticinco detenidos arbitrariamente; reparaciones integrales para las víctimas y sus familias, incluyendo garantías de no repetición.; la desmilitarización de las comunidades indígenas de Guerrero como condición estructural para la no repetición.
Anunciaron que en el 28 aniversario que de conmemora el domingo en la comunidad de El Charco, estará presente el Obispo Emérito José Raúl Vera López, en su calidad de Presidente de Red Solidaria Década Contra la Impunidad.
