Chilpancingo.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un dictamen de adición a la Ley de Educación del Estado de Guerrero para incorporar la “Educación Inclusiva”, con el objetivo de promover, proteger y garantizar los derechos humanos en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad, erradicando los actos de discriminación.
En el dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología se expuso que, una vez analizados los razonamientos y exposición de motivos de la iniciativa enviada por la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, las y los integrantes de este órgano la aprobaron en positivo debido a que se dio cumplimiento al proceso de consulta a las personas con discapacidad, actividad que estuvo a cargo de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad de este Congreso, como parte del proceso legislativo correspondiente.
Enfatizó que la educación, como formación práctica, tiene por objeto garantizar el derecho de la población en México a una enseñanza de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, además de equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y basada en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.
Por ello, abundó, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación, a fin de hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, asegurando un sistema inclusivo en todos los niveles, que favorezca el desarrollo pleno del potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima.
Asimismo, se refuerza el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana, a efecto de desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas, haciendo posible que este sector participe de manera efectiva en una sociedad libre.
Cabe mencionar que en este proceso de consulta a las personas con discapacidad se dio cumplimiento a todas las etapas y procedimientos, garantizando que fuera previa, pública, abierta y regular, estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad, así como accesible, informada, significativa, con participación afectiva y transparente.
Estas consultas realizadas en las distintas regiones de la entidad se dirigieron a las personas con discapacidad física o motriz, intelectual, sensorial visual, sensorial auditiva, infancias con discapacidad y otras discapacidades, a través de mesas de trabajo presencial y virtual, y buzones físicos y digitales, garantizando con ello que las personas con discapacidad pudieran enviar opiniones y propuestas en cualquiera de las formas.
La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, al razonar su voto a favor del dictamen, destacó que el Congreso, a través de su Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, realizó un proceso histórico y democrático de consulta para tomar en cuenta las voces y sentires de este este sector que había sido segregado y violentado históricamente.
Asimismo, hizo un reconocimiento a todas y todos los que participaron en las consultas porque depositaron su confianza y testimonios, lo que permitió que la LXIII Legislatura pudiera generar las adecuaciones legales procedentes, y así marcar un precedente en la protección y promoción de los derechos humanos, además de saldar una deuda con las personas con discapacidad, al cambiar el paradigma educativo con empatía y respeto a los derechos humanos.
Intervino en relación con el tema la diputada María Flores Maldonado, quien consideró que se debe de tomar en cuenta al sector de niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH), el cual es una afección crónica que afecta a millones de niños y niñas, que ocasiona baja autoestima, problemas en las relaciones y dificultades en la escuela.
Por lo anterior, hizo un llamado a la comisión dictaminadora para que considere dicha situación como un tema importante a analizar, que garantice el derecho de todos los niños y las niñas a recibir la educación pública.
